El sistema informático de la Generalitat Valenciana bloquea la elección del español como lengua vehicular

El polémico decreto de plurilingüismo de la Comunidad Valenciana tiene en pie de guerra a los padres con la Consellería de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromis). A la incapacidad de los padres de decidir la lengua en la que se imparte la enseñanza de sus hijos, se suma ahora que la Consellería bloquea mediante un filtro informático la posibilidad de que se elija el itinerario con más horas en castellano.

Según el decreto, cada centro —previa aprobación de dos tercios del Consejo Escolar— tiene la capacidad de elegir la lengua en la que se impartirán sus asignaturas, escogiendo entre varios niveles: básico (que prima el castellano), intermedio y avanzado (con más presencia del valenciano). La polémica radica en que sólo los alumnos que sigan este último recibirán un nivel superior de inglés y, al final de sus estudios, el certificado que así lo acredita.

Los centros disponen hasta el próximo 15 de marzo para comunicar a la Consellería la lengua en el que se impartirán las asignaturas. En los últimos días, sin embargo, se han denunciado trabas para elegir el denominado nivel básico.

Es el caso del CEIP La Almadraba, en Alicante, donde, tras una encuesta realizada entre los padres, se decidió aplicar el nivel Básico 2, el mínimo que en su caso permitiría el decreto. Sin embargo, denuncian desde la asociación de madres y padres (AMPA), la dirección del centro les ha comunicado que el sistema informático no permite seleccionar un nivel inferior del Intermedio 1, que incluye por tanto más horas de valenciano.

«Dicho de otra forma, que no es el decreto lo que prevalece para definir los niveles mínimos de restricción, sino un filtro de un sistema informático que no se ajusta al propio decreto», se quejan desde el centro.

Argumentan, además, que la encuesta reveló un «resultado devastador» de la preferencia de los padres por la lengua que desearían para sus hijos.

«Los padres sólo quieren un 12 % de valenciano, lengua que sólo tiene vigencia como lengua materna en un 3,7 % de las familias en la ciudad de Alicante», destacan. Además, señalan que «las líneas de castellano actuales ya cuentan con el 26,7 % de presencia del valenciano como lengua vehicular, pero el decreto les aleja todavía más de sus pretensiones».

No es la primera vez que los padres valencianos denuncian las dificultades que se están encontrando en la aplicación de este decreto. Desde su aprobación, el pasado 27 de enero, las quejas por la falta de información son recurrentes. Algunos padres se han empezado a movilizar, agrupados en distintas plataformas, para dar visibilidad a lo que consideran una “flagrante vulneración del derecho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos”.

La polémica por el decreto del valenciano ha llegado también al ministerio de Educación, donde los servicios jurídicos estudian si podría vulnerar derechos fundamentales. Por el momento, el texto ha recibido ya varias demandas, entre ellas, de los sindicatos CSIF y USO de la Comunidad valenciana y de la asociación de padres católicos de escuelas concertadas. Además, dos más están en preparación.