El sindicato policial CEP pone sus servicios jurídicos a disposición de los agentes “contra órdenes políticas”

El sindicato de la Policía Nacional CEP ha decidido poner «sus servicios jurídicos a disposición de los afiliados que reciban órdenes políticas durante el estado de alarma que cuestionen las libertades fundamentales».

La formación sindical ha adoptado esta medida después de que la polémica se haya instalado a causa de las presiones políticas del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar las concentraciones y caceroladas promovidas en toda España contra el Ejecutivo.

«En los últimos días tres intervenciones de la Policía Nacional en Madrid han provocado la polémica al acudir los compañeros comisionados a tres situaciones en las que se protestaba contra la gestión del estado de alarma del Gobierno. Son las siguientes:

10 de mayo: ante una concentración de unas 100 personas en la calle Núñez de Balboa, sobre las 20:30 horas, que coincidía con una protesta de vecinos en sus balcones (cacerolada y música).

11 de mayo: ante dos concentraciones. Una en el mismo lugar (calle Núñez de Balboa) a las 20:15 horas, con similar asistencia y reclamando la dimisión del Gobierno y el acceso a test de diagnóstico de Covid19.

Otra en la calle Condado de Treviño con unos 150 asistentes que protestaban por la gestión del Gobierno», destaca el sindicato policial.

Quejas

Ante las quejas sobre estas intervenciones, desde CEP quieren anunciar en primer lugar que «pone a disposición de sus afiliados los servicios jurídicos del sindicato en toda España» para que, caso de que existan órdenes de intervención con motivaciones políticas o restricciones de libertades fundamentales que vayan más allá de lo permitido en estado de alarma «podamos proteger a esos compañeros ante algo que sería inaceptable en una democracia y señalar públicamente a quienes arriesguen la seguridad legal de los policías».

En segundo lugar el sindicato añade que «las limitaciones de movimientos del estado de alarma no afectan a ninguno de los otros derechos constitucionales, como la libertad de expresión. La Policía Nacional no trabaja ante una crisis de seguridad, sino ante una sanitaria y la protesta en balcones, con banderas, en redes sociales o de cualquier otro tipo, siempre que no vulnere la normativa sanitaria o constituya un delito público, debe respetarse como lo ha sido en otras ocasiones».

Por último CEP cierra su comunicado con un tercer punto, en el que asegura que la prioridad de los policías es «informar y ayudar al ciudadano. Sólo se proponen multas por comportamientos que arriesgan la salud de los demás y se hace con una Ley Orgánica que quienes antes la calificaban de ‘mordaza’ ahora defienden su aplicación con máximo rigor».

Defensa de los agentes

El comunicado sienta, de este modo, un posicionamiento que defiende claramente, no sólo a los agentes de Policía frente a injerencias políticas, sino también a los ciudadanos de ver limitados sus derechos más allá de lo legalmente establecido en el estado de alarma.

El sindicato subraya, además, que «recordamos que los policías no sancionan sino que proponen la sanción y que son las delegaciones del Gobierno las que ejecutan esas multas, que además pueden recurrirse. Las explicaciones hay que pedirlas a los responsables políticos de esas instituciones».

CEP no ha querido zanjar su posicionamiento sin recordar que «los policías también arriesgamos en esta crisis, como lo demuestran los datos de compañeros que aún sufren el Covid-19 o están en casa por síntomas compatibles con el virus (más de un millar en total) sin tener aún acceso a test de diagnóstico en cantidad suficiente como para poder incorporarse al trabajo con las garantías debidas».

Por eso en CEP quieren recordar a todos los que han fallecido por la enfermedad y, más en concreto a los policías Juan José Fernández (Guías Caninos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana), Sebastián Sabariego (Comisaría Provincial de Málaga), José Luis Gómez (Puesto Fronterizo de Gerona), Francisco Redondo (unidad de seguridad de la Delegación del Gobierno en Madrid) o Rafael Ortiz (Comisaría Local de Pozuelo de Alarcón) y de los demás en segunda actividad o jubilados a cuyas familias dan su pésame.