Sectores del Supremo piden a PP y PSOE la defensa del Poder Judicial ante el jaque del separatismo

Los contactos del entorno judicial han comenzado ante la evidencia de las cesiones al separatismo. Sectores del Tribunal Supremo han mantenido ya encuentros con representantes políticos tanto del PP como del PSOE para trasladar su preocupación por un previsible fraccionamiento de la unidad de la Justicia. Reclaman también sensibilidad en la defensa de los principios sentados por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Los mensajes han surgido ya en dos direcciones desde sectores representativos del Tribunal Supremo. En la del PSOE, para trasladar un mensaje de sensatez y de responsabilidad de cara a que las cesiones políticas que se perfilan para contentar a ERC o EH Bildu mantengan un respeto al Poder Judicial unificado y a la independencia judicial. Y en la dirección del PP, para reclamar que, en caso de que avancen las cesiones al separatismo y se conforme un Gobierno que apueste abiertamente por una voladura constitucional, los populares se conviertan en un eje de contención en las Cámaras a una pretendida renovación del Tribunal Constitucional con tintes nacionalistas.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el preso golpista Oriol Junqueras tienen ya las bases de un gran pacto: el de entregar el control judicial a los separatistas en sus respectivas comunidades autónomas. El PSOE acepta el acuerdo e incluye fraccionar el Poder Judicial para que los independentistas puedan controlar a los jueces, liberar a sus respectivos delincuentes presos, y ejercer sin cortapisas su injerencia política hasta el punto de reducir la carga penal correspondiente a movimientos como los CDR o la ‘kale borroka’. El acuerdo no beneficiará sólo a ERC. PNV o Bildu se verán premiados igualmente por un acuerdo que desafía la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del actual Estatuto de Autonomía catalán.

Demolición del Poder Judicial

El pacto incluye todo un proceso controlado de demolición del Poder Judicial. Un proceso que los separatistas quieren que nazca desde dentro y que cuente con su presencia directa en las sillas del Consejo General del Poder Judicial: con presencia de ERC y PNV en el Poder Judicial. Y, por supuesto y de igual manera, en el Tribunal Constitucional.

Ambos partidos, además, quieren poder sobre la capa judicial para poder decidir, por ejemplo, sobre la aplicación de las penas de los golpistas del 1-O, entre ellos el jefe de los republicanos Oriol Junqueras.

Sánchez se ha comprometido con este fin en avanzar en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de fraccionar el Poder Judicial para entregar a la Generalitat de Cataluña el control de los jueces de la región catalana. Como primer paso, el PSOE ha aceptado ya que ERC entre cuanto antes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde el Tribunal Supremo e importantes sectores de la magistratura se ha trasladado el mensaje político de que estos pasos suponen poner en peligro la unidad judicial y, además, esconden el deseo de los separatistas de usar a los jueces en beneficio de una mayor voladura constitucional.

Por todo ello, no han faltado indicaciones al PP señalando que las próximas renovaciones de cargos en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tienen que pasar por el acuerdo con la bancada del centro derecha. Y es que los socialistas y separatistas no suman escaños para poder las renovaciones en solitario. Un factor que puede favorecer que las pretendidas inyecciones de separatistas en estos organismos sean bloqueadas desde la derecha.