Sanidad da alas a la regularización masiva de ilegales para controlar el virus entre los inmigrantes

Un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad da crédito a la propuesta para una regularización masiva de inmigrantes ilegales, con el fin de contener la propagación del virus.

El dossier, ‘Equidad en Salud y Covid-19. Análisis y propuestas para abordar la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales’, recopila las distintas medidas y propuestas para abordar «la vulnerabilidad epidemiológica» de determinados colectivos. El trabajo se ha realizado, según se explica, a partir del análisis de documentación bibliográfica, artículos científicos y de prensa, informes de instituciones nacionales e internacionales, sociedades científicas y otras entidades sociales y una veintena de entrevistas a «actores clave», como sanitarios, epidemiólogos, trabajadores sociales u ONGs.

A partir de esas aportaciones, el Ministerio se hace eco de la propuesta para una regularización masiva de inmigrantes. «Las personas en situación administrativa irregular suelen tener situaciones económicas precarias y no tienen acceso a muchas de las prestaciones de protección social», se expone, considerando que «ésta es una de las razones por las que, desde diferentes ámbitos, se ha propuesto la regularización de la situación administrativa de todas estas personas».

En otro momento, remitiendo a bibliografía, se abunda en la idea de que «la situación administrativa irregular de algunas personas migradas genera que éstas tengan miedo al uso de los servicios de salud por temor a un expediente de expulsión». Por ello, insiste: «Se ha propuesto la regularización de la situación de todas las personas que viven en el país, así como la paralización de las deportaciones».

Rechazo del PSOE

Que el informe recoja esta propuesta no deja de resultar destacable, en la medida en que es una de las reivindicaciones de Podemos que en su día ya fue rechazada por la parte socialista del Gobierno.

En abril, el partido de Pablo Iglesias plasmó esa reclamación en una proposición no de ley en el Congreso, firmada con ERC, Bildu, Más País, Compromís, el BNG, la CUP y Junts per Catalunya. La propuesta -que afectaría a 600.000 personas en situación ilegal- reclamaba «establecer un proceso de regularización de carácter permanente» para todos los inmigrantes «que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y de trabajo inicial con criterios especiales y simplificando para su renovación». También se instaba al Gobierno a facilitar la concesión de permisos temporales de trabajo a los inmigrantes por un tiempo de cinco años y la renovación para su residencia legal en España y «poner fin a las devoluciones en caliente».

Presos en casa

En otro de sus apartados, el informe de Sanidad destaca la «efectividad» de las medidas implementadas en las cárceles para contener la propagación del virus. Algunas de esas iniciativas resultaron polémicas, como permitir que los presos clasificados en tercer grado permaneciesen en sus casas sin necesidad de volver a los centros penitenciarios para dormir. El control se efectuó por dispositivos electrónicos.

También abunda en la idea del distinto impacto del virus según la renta, relacionando un menor nivel socioeconómico con mayor riesgo de contagio: «La evidencia en España es aún muy limitada, si bien algunos datos preliminares indican una posible asociación entre la incidencia y gravedad de la infección con barrios menos favorecidos en ciudades como Madrid y Barcelona».

Sanidad argumenta que «una situación económica precaria está frecuentemente asociada al desempeño de trabajos que conllevan una mayor exposición a la infección y a condiciones peores de vivienda» y que «la precariedad determina una mayor dificultad para acceder y seguir las medidas preventivas y normas».

«En algunas ciudades, se ha distribuido material preventivo, como mascarillas y solución hidroalcohólica, de manera gratuita. Sin embargo, se han identificado barreras administrativas en algunos casos por falta de tarjeta sanitaria», se asume.

También se sostiene que «en situaciones económicas precarias, el miedo a perder una fuente de ingresos, como resultado del confinamiento, o de un aislamiento o cuarentena, puede motivar reticencias para reportar síntomas y acudir al sistema sanitario a recibir un diagnóstico».

En este sentido, se señala que medidas como el Ingreso Mínimo Vital -que llega a una mínima parte de los solicitantes- «han sigo importantes para mitigar esos efectos» pero, admite, «no consiguen revertir la situación de pobreza y precariedad de muchas personas».