Sánchez ya negocia con Junts la legislatura: ampliar la amnistía hasta 2014 a cambio de Presupuestos

Los separatistas de Junts y Pedro Sánchez comienzan a intercambiar cromos en las negociaciones: amnistía a cambio de Presupuestos. Al presidente le preocupa que su Gobierno se vuelva ingobernable una vez que obtenga los apoyos necesarios de proetarras e independentistas para ser investido. Por ello, según fuentes solventes consultadas por OKDIARIO, ha dado un paso más en sus conversaciones con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont.

Por un lado, los de Junts le exigen que la futura ley de la amnistía abarque desde el año 2014 para que así también termine beneficiado el ex president de la Generalitat de Cataluña Artur Mas. En el PSOE se muestran reticentes, pero terminarán aceptando. Eso sí: los socialistas han puesto como condición que los separatistas les apoyen, al menos, en los dos primeros Presupuestos Generales del Estado.

Sin referéndum

Artur Mas, que está al corriente de la deriva de las negociaciones, ha advertido este sábado en un acto celebrado en Suiza, al que también ha asistido la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que no cree que el referéndum de independencia de Cataluña pueda celebrarse «a corto ni a medio plazo». Pero, ha recalcado que «el mundo independentista tiene la paella por el mango», puesto que Sánchez necesita los 14 votos de Junts y ERC. Y es que, el ex president no da puntada sin hilo.

En las conversaciones, los independentistas han acordado «no hacer hincapié» de manera excesiva en una futura convocatoria para la independencia de Cataluña. En el futuro acuerdo con los miembros del Gobierno «no se va a concretar una fecha para la celebración de un referéndum ni un compromiso explícito», subrayan, sino la posibilidad de poder «estudiarlo en un futuro para formular cómo hacer frente a dicha problemática».

Amnistía desde 2014

Descartado el referéndum ilegal, los separatistas catalanes aumentan sus pretensiones en la futura ley de amnistía que ya tiene nombre: «Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional», tal y como adelantó en exclusiva OKDIARIO, y por esa razón Artur Mas menciona que «tienen la sartén por el mango». Entre estos requisitos destaca que la misma recoja todos los delitos cometidos por los líderes independentistas desde el año 2014 para poder beneficiar al antecesor de Puigdemont.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó en marzo de 2017 a Artur Mas a dos años de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación, por organizar el referéndum ilegal del 9-N de 2014. También fueron condenadas las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega a 18 meses y a 21 de inhabilitación, respectivamente, por los mismos hechos.

Además, el Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern por organizar la consulta independentista de 2014  a devolver 4,9 millones de euros, a los que se sumaban más de un millón de euros por los intereses devengados.

Ley de la Amnistía

Según las mismas fuentes, los 20 expertos -entre ellos juristas conocidos- que trabajan en la elaboración de la futura ley que amnistiará a los golpistas catalanes, ya tienen atado el armazón legal del texto.

De hecho, Junts ya ha recibido una parte de la ley de amnistía, la previa al articulado que corresponde a la exposición de motivos y que consta de unas cinco páginas con seis apartados, tal y como adelantó este periódico.

El equipo encargado del andamiaje jurídico de la propuesta cierra ya los últimos detalles, con el principal objetivo de que supere un recurso ante el Tribunal Constitucional que se da por seguro. Según las fuentes consultadas, Moncloa se remitirá a que «la única ley de amnistía aplicada en España data del año 1977 y fue aprobada por las mismas Cortes que promovieron la Constitución del 78, por lo que si aquel Parlamento hubiese sopesado que dicha medida de gracia era ilegal lo habría reflejado de manera expresa en la Carta Magna que estaban diseñando, como sí lo hicieron con los indultos generales».

Para defender que no se está vulnerando el artículo 117 de la Constitución, el Gobierno se apoyará en que «obviar la concesión de la amnistía se traduciría en restar competencias al Poder Legislativo». Es decir, añaden, «el Ejecutivo tiene el derecho de otorgar la medida de gracia y en el Poder Judicial se da por entendido que la soberanía reside en el pueblo español y, por ende, en las Cortes, en las que recae el Poder Legislativo que tiene la capacidad de dejar sin efecto las normas jurídicas que se puedan aplicar a terceros».

Igualmente, los juristas que asesoran a Sánchez se apoyarán en que «España se constituye en un Estado democrático, social y parlamentario, que la soberanía popular reside en el pueblo español y que éste tiene sus representantes en las Cortes, no en el Poder Judicial». En definitiva, «que existe la separación de Poderes y que la ley de amnistía se concede dentro del Poder Legislativo y no vulnera la Constitución porque no la prohíbe de manera expresa».