Navarra

Sánchez ya negocia con Barcos burlar al Constitucional en la ley que expulsa a la Guardia Civil de Navarra

El Gobierno socialista, en lugar de recurrir directamente al Tribunal Constitucional como hizo el Ejecutivo de Rajoy con la ley navarra de reconocimiento de "víctimas de abusos policiales ", ha abogado por sentarse con el gabinete de Uxue Barcos para buscar una salida antes de presentar un eventual recurso de inconstitucionalidad.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Navarra, Uxue Barcos, durante una reunión en el Palacio de La Moncloa. (Foto: EFE)
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Navarra, Uxue Barcos, durante una reunión en el Palacio de La Moncloa. (Foto: EFE)

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conformado una mesa de negociación con el Ejecutivo autonómico de Navarra con el objetivo de reformular la polémica ley foral que desaloja a la Guardia Civil de esta comunidad en una serie de preceptos que serían rechazados por el Tribunal Constitucional.

En lugar de recurrir el texto directamente al TC como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con la ley navarra de reconocimiento de «víctimas de abusos policiales «, la Administración Sánchez ha abogado por sentarse con el gabinete de Uxue Barcos para buscar posibles salidas alternativas antes de presentar un eventual recurso de inconstitucionalidad (tiene nueve meses).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió este lunes la resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública por la que se da curso legal al «Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra».

Este acuerdo suscrito por la que denominan ‘bitaleral’ entre la Administración central y el Gobierno de Barkos (Geroa Bai) contempla
«iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación» con una serie de artículos (incluida la disposición transitoria segunda) de esta controvertida norma, así como «designar un grupo de trabajo para proponer a la Junta de Cooperación la solución que proceda».

En concreto, el Ejecutivo de Sánchez expresa sus dudas, por ejemplo, sobre el hecho de que la Policía Foral sea la encargada de «centralizar» la coordinación de las fuerzas de seguridad en Navarra, reduciéndose así el papel de la Guardia Civil a la mínima expresión. Cabe recordar que PSN y UPN lograron introducir una enmienda para que en el caso de que el Gobierno de Barcos, apoyado en Podemos, los proetarras de Bildu y Izquierda-Ezkerra, siga adelante con su planes, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se puedan integrar en la Policía Foral.

Así, por ejemplo, el artículo 4.b de la citada ley foral señala que «con carácter general, la Policía Foral de Navarra será la encargada de centralizar y canalizar la información y el apoyo policial a las Policías Locales de Navarra, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». A juicio del Gobierno, este precepto podría ser tumbado por el Tribunal Constitucional por lo que instará al Ejecutivo de Barcos a salvar este escollo.

27 millones de euros

Sin embargo, esta negociación no será fácil para el Ejecutivo de Sánchez, puesto que, tal y como publicó OKDIARIO el pasado enero, ya tiene planificado cómo acometerá la expulsión de la Guardia Civil de Navarra: necesitará necesitará 180 agentes más y 27 millones de euros para pagarles.

Una vez arrancadas al Gobierno socialista de Pedro Sánchez las competencias en Medio Ambiente, Tráfico y Seguridad Vial, a la policía foral sólo le quedan por asumir las competencias en Seguridad Ciudadana para alcanzar el estatus de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. O Moncloa frena esta ambición de los nacionalistas navarros en el seno de esa nueva mesa negociadora o el Instituto Armado tendrá los días contados en la Comunidad foral si el próximo mes de mayo no se invierte la mayoría soberanista en esta región.

Lo último en España

Últimas noticias