Sánchez renuncia a la cosoberanía de Gibraltar a cambio de que Calviño sea vicepresidenta de la UE

El desastroso resultado de la negociación del Gobierno de Pedro Sánchez en el tratado del Brexit no está causado sólo por el desconocimiento o la falta de experiencia. También ha contado con un incentivo político que el Ejecutivo ha considerado prioritario: el de hacer méritos para optar a colocar a la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, como futura vicepresidenta de la Comisión con control sobre el área económica.

La negociación de cargos se lanzará tras las elecciones europeas. Y cogerá fuerza a partir del mes de junio. Y en ese momento, España quiere tener engrasada la maquinaria negociadora abriendo paso a Francia hacia el Banco Central Europeo y optando a la cartera que Sánchez cree que más le puede ayudar: la económica, la ocupada actualmente por Moscovici.

Pierre Moscovici es el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas. Un cargo que le permite evaluar la marcha económica de cada Estado miembro.Y ese es el puesto sobre el que Sánchez quiere tener influencia en previsión de que la próxima crisis castigue a España con especial dureza.

España renuncia al veto del Brexit por Gibraltar a cambio de un sillón en la Comisión

El veto de España sobre el futuro de Gibraltar era, así, un claro obstáculo al cierre de un acuerdo entre Reino Unido y Bruselas. Sánchez podía exigir un acuerdo previo sobre el uso compartido del Aeropuerto de Gibraltar y, en caso de no considerarlo satisfactorio, negarse a aceptar los pactos con Reino Unido. Traducido: Sánchez contaba con una poderosa arma para presionar y conseguir que el control del tráfico aéreo sobre Gibraltar hubiese abierto una vía de reclamación de la cosoberanía del Peñón.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido renunciar a defender la cosoberanía de Gibraltar en el acuerdo firmado entre la UE y Reino Unido para el Brexit, la vía de presión que de verdad confería fuerza a España en la negociación. De este modo, el acuerdo firmado por Bruselas y Londres relega a un mero protocolo –sin rango de tratado internacional– los puntos relativos al tratamiento de Gibraltar tras la salida de la UE de Reino Unido, algo que saca de la imperatividad del texto general las relaciones entre el paraíso fiscal y España.

Pero, además, y pese a haber conseguido el Gobierno del PP el 29 de abril de 2017 el compromiso de Bruselas de respetar el veto español para cualquier acuerdo sobre Gibraltar que se firmase tras el abandono de la estructura europea de Gran Bretaña, no se ha reivindicado el mismo trato en el acuerdo previo de salida, algo que deja, de facto, sin validez el logro del año pasado.

El texto previo logrado por el ministro Dastis, en la etapa de Rajoy, había conseguido estipular expresamente que “el alcance territorial del Acuerdo de Retirada, incluido respecto al periodo de transición, debe respetar plenamente” las directrices acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno el 29 de abril en 2017, “notablemente respecto a Gibraltar”.

Por lo tanto, en caso de haberse reivindicado la utilización compartida del Aeropuerto de Gibraltar, se hubiese convertido en un escollo difícilmente sorteable para Reino Unido.

Pero el Gobierno de Sánchez ha renunciado a esta posición de fuerza. Y ello, pese a que aquellas directrices ya reconocieron el derecho de España a vetar que cualquier acuerdo sobre la relación entre la UE y Reino Unido posterior al Brexit que se aplicase a Gibraltar. En concreto, el punto 24 de aquel acuerdo establecía que “ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido” tras la salida de Gran Bretaña.