Asesinato de Laura Luelmo

Sánchez en su recurso a la prisión permanente: "Es una desesperanza inhumana para el preso"

Pedro Sanchez
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Foto: EFE

En 2015, el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó, con otros partidos de la oposición parlamentaria, el recurso ante el Tribunal Constitucional a la prisión permanente revisable. El asesinato de Laura Luelmo, la joven profesora de El Campillo (Huelva) ha devuelto el debate sobre esta pena.

El debate sobre la prisión permanente revisable se ha reavivado tras el asesinato de la joven profesora Laura Luelmo, en El Campillo (Huelva). Su asesino confeso, Bernardo Montoya, fue condenado a 17 años por matar a puñaladas a una anciana, intentó violar a una joven en un permiso en 2008 y en 2015 asaltó a una mujer para robarla. Había salido de prisión el pasado 22 de octubre.

En 2015, Pedro Sánchez, con otros grupos de la oposición parlamentaria -Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y Compromís junto a nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC), vascos (PNV), canarios (Nueva Canarias) y gallegos (BNG)- mostraba su cara más combativa contra esta pena.

En el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional y aún pendiente de resolver, el ahora presidente del Gobierno consideraba, por ejemplo, que se sometía al preso a un estado de "desesperanza inhumana". 

Los socialistas aseguran ahora que no derogarán la prisión permanente en espera de lo que decida el TC. Sin embargo, las firmes tesis con los que, años atrás, la combatían ante el tribunal retrata la postura del partido sobre el polémico asunto.

En el texto se abunda, por ejemplo, en el "derecho de resocialización" del penado, considerando los socialistas que eso plantea un "conflicto" entre la "protección ciudadana" y las "limitaciones constitucionales" aparejadas a la condena. Y en ese conflicto, añaden, existe una "falta de garantías" para defender que la "prevención penal" deba "imponerse a los derechos del penado". O lo que es lo mismo, que los derechos del reo predominen sobre el riesgo que supone para la sociedad.

Los recurrentes apoyaban además sus argumentos en la "pobre fiabilidad de los pronósticos de peligrosidad" sobre los condenados. "Se ha evidenciado científicamente insostenible por las elevadas tasas de error que genera y que conducen al mantenimiento mayoritario de los reclusos en prisión", se quejan en uno de los párrafos. Y a continuación, pareciendo quitar legitimidad a la valoración de las instituciones penitenciarias y del juez, se preguntan "qué peso" debería tener en esa valoración un delito "cometido veinticinco años antes" o cuál debería ser el número de especialistas idóneo para informar sobre la salida o no de prisión del condenado.

"Una pena irreversible marginaliza (sic) y estigmatiza de por vida al delincuente, a quien no se le permite “pagar su deuda” y reiniciar su vida en sociedad sin el lastre desocializador de una condena que durará la mayor parte de su vida, sometido además a la amenaza del retorno a prisión", opinaban en el recurso, añadiendo que "esa amenaza estará preñada de incertidumbre, dada la indeterminación e inseguridad de los criterios empleados para determinar ese pronóstico de falta de peligrosidad".

Sobre el preso "penderá la espada de Damocles"

"No es ya que el condenado no sepa nunca si podrá salir o no en libertad, sino que una vez que se le hubiera concedido esa libertad a través de la suspensión de la ejecución, penderá sobre él durante otros largos años la espada de Damocles de una revocación que, además, es independiente de sus decisiones, de lo que él pueda voluntariamente hacer u omitir (como por ejemplo cometer o no nuevos delitos), sino que dependerá de la mudable opinión del tribunal sobre si "las circunstancias" –en gran medida indeterminadas – han cambiado", sigue el recurso.

En el texto, los socialistas y demás grupos se quejan además de la "falta de regulación legal" que no permite que el reo sepa qué debe hacer o no una vez conseguida la libertad provisional para evitar la revocación. El reo "no sabrá qué es lo que debe intentar hacer u omitir para poder conservar la libertad que se le ha concedido", dicen el recurso.

"Además, el texto legal permite revocar la suspensión debido a un cambio de circunstancias que no tienen nada que ver con la conducta del sujeto. Por ejemplo, si el condenado se comprometió a vivir con su madre durante el periodo de suspensión, pero ésta fallece a los 6 meses y él queda sin ningún apoyo familiar, ¿es eso un cambio de circunstancias que permita modificar el pronóstico de peligrosidad? O si uno de los factores que se tuvo en cuenta para conceder la suspensión fue que el sujeto tenía una oferta de trabajo, ¿el hecho de que lo pierda debido a la crisis económica es un dato que permite modificar el pronóstico?", añaden.

Además, se lamentan de que la prisión permanente ocasiona "graves padecimientos psíquicos" al condenado, deteriora su personalidad y menoscaba sus capacidades cognitivas y sociales. "Es una pena de naturaleza corporal dado que menoscaba psíquica y físicamente a la persona", se señala.

Actualmente, el recurso sigue en manos del Constitucional, y en su previsión no está resolverlo en los próximos meses. PP y VOX son las únicas formaciones favorables a que se aplique esa pena a Bernardo Montoya.

El líder del PP, Pablo Casado, defendió este miércoles que "es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados".

Casado quiere añadir dos supuestos nuevos a esta pena: el asesinato con ocultación de cadáver y asesinato después de un secuestro.

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