Sánchez promete a la UE subir impuestos a la energía en plena escalada del recibo de la luz

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de dar la vuelta a las franjas horarias de uso de la luz. El resultado es un esquema en el que cualquier persona con horarios normales verá encarecer de forma notable su pago por la electricidad. Y, por si fuera poco, Sánchez se acaba de comprometer ante Bruselas a elevar los impuestos especiales y a crear ecotasas, capítulos que afectarán a la generación de electricidad en España, con lo que el recibo aún subirá más.

Según el Gobierno de Sánchez, existe margen para subir los impuestos especiales, como el de la luz, porque en otros países europeos son más altos  y, por lo tanto, debemos tender a converger con la media de estos tributos en la UE.

Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que debe crearse todo un catálogo de nuevos impuestos verdes, de donde difícilmente podrán escapar algunas de las fuentes fósiles de combustible empleadas en la generación de energía en España, con lo que el kW de energía será más caro y acabará repercutiendo en los consumidores, como siempre ha ocurrido.

Por si fuera poco, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez no tardó en restaurar un impuesto que recae directamente sobre la mencionada generación de energía: retiró el impuesto a la generación eléctrica nada más llegar al poder en septiembre de 2018 y seis meses después recuperó ese gravamen del 7% tras certificar la caída de ingresos de la Agencia Tributaria. Traducido: no está dispuesto a la más mínima concesión fiscal en materia energética.

Ajuste generalizado de los impuestos

Pero ahora, por si todo ello fuera poco, el Gobierno se ha comprometido a un ajuste generalizado de los impuestos. Su plan de recuperación remitido a Bruselas recoge el siguiente enunciado: “Todo ello debe venir acompañado de ajustes en los impuestos existentes. Cambios tendentes a aumentar la eficacia y la equidad de nuestro sistema impositivo y ajustes que alivien el impacto de la pandemia”.

El texto añade que “de la misma manera, un sistema impositivo adecuado al siglo XXI debe afrontar un proceso de adaptación de la fiscalidad ambiental a las mejores prácticas de nuestros socios, en el marco de una reforma fiscal verde que contribuya a lograr un modelo socioeconómico más sostenible, que respalde las medidas de protección del medioambiente, de movilidad sostenible y de lucha contra el cambio climático, y que facilite el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia medioambiental”.

España siempre ha defendido que los impuestos en los que puede converger con la UE son los denominados impuestos especiales. Allí se encuentra el de la electricidad y los hidrocarburos. Y ello, pese a que Bruselas ya ha recordado a España que puede bajar el impuesto de la electricidad por estar por encima del mínimo exigido.

Pero, al margen de ese tributo, España prepara toda una batería de ecotasas tendentes a reducir las emisiones contaminantes y el uso de combustibles fósiles. Y nuestra generación energética aún depende en una parte más que representativa de ese tipo de combustibles.

Así, las conocidas como energías verdes aportaron en 2019 el 37,5% de los kilovatios hora que demandó España. Especialmente por el auge de un combustible fósil, el gas natural, que prácticamente llegó al 22% de peso en la cesta total en ese mismo 2019.

Golpe al consumidor

Por si fuera poco, no será el único producto energético que golpeará al consumidor. El mismo texto del Plan de Recuperación recoge el compromiso de “avanzar hacia un modelo de transporte y movilidad sostenible como factor clave para el futuro de nuestro país». El plan incluye «avanzar hacia una fiscalidad verde en el transporte; establecer un sistema de financiación del transporte público basado en criterios estables, predecibles y proporcionales; desarrollar un modelo de gobernanza que permita un diseño coherente de las políticas de movilidad e impulsar la innovación y digitalización en el transporte y la logística». Traducido: más impuestos a una inmensa mayoría de coches basados en combustibles fósiles.

Todo ello en medio de una necesidad generalizada de recaudación por parte del Gobierno. Por eso Pedro Sánchez plantea realizar una fuerte subida de impuestos en los próximos años. En su hoja de ruta de cara a 2050 el Ejecutivo explica que «desde hace décadas, España presenta una brecha notable entre ingresos y gastos públicos, algo que limita la capacidad redistributiva del estado de bienestar».

Su receta es la siguiente: «Para corregir esta situación, nuestro país deberá llevar a cabo una serie de cambios en su sistema tributario, de forma progresiva en el tiempo, que afecten, también, a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales».

Es decir, que lo que Sánchez quiere es subir los impuestos pero no sólo en el Estado, sino también forzar un incremento de la fiscalidad en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos.

El objetivo del Gobierno socialista y de Podemos es elevar la presión fiscal del 35% que había en el promedio 2015-2019, el último periodo disponible, al 37% en 2030, al 40% del PIB en 2040, y al 43% en el año 2050, según se puede observar en los indicadores económicos que recoge la hoja de ruta presentada en un acto con empresarios y agentes sociales. Y eso supone una subida cercana a los 80.000 millones de euros.

Los objetivos

El objetivo del Gobierno: «Resolver el problema de la insuficiencia recaudatoria» con el argumento de «mejorar la equidad del sistema».
Por eso, desde Moncloa quieren «modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo». ¿La excusa? De nuevo, hacer «converger» estos tributos con los establecidos en los principales países de la Unión Europea.