Sánchez promete al PNV dar voz directa al País Vasco en la UE a cambio de su apoyo tras el 28-A

Traslado de presos, creación de un sistema penitenciario vasco propio, envío de más inversiones, concesión de un Consejo de Justicia Vasco y, ahora, hasta voz propia en la UE. Ese es el precio visible que pagará Sánchez por el apoyo del PNV a su gobernabilidad si las urnas lo permiten.

Todo ello ha sido ya confirmado al PNV por parte del Partido Socialista en la tramitación del nuevo Estatuto Vasco que se desarrollo en pleno proceso electoral en el Parlamento de esta comunidad autónoma.

El último de estos puntos -la voz propia ante la UE- aparece de forma clara y textual en los comunicados remitidos al PNV por parte del PSE. En esa tramitación se ha señalado que “en este sentido, consideramos oportuno reformular el marco de relación entre País Vasco y la Administración del Estado para la fijación de la posición española en los temas europeos, especialmente en las materias en las que tenemos competencias exclusivas y sean objeto de intervención europea. La mejor manera de garantizar la participación en esos asuntos europeos que afectan a las áreas de responsabilidad asumidas por los poderes públicos vascos sería a través de la reforma constitucional, tanto para contribuir a la formación de la voluntad de España como para garantizar la ejecución en sus respectivos territorios de las decisiones que se tomen en la Unión Europea”.

El equipo de Sánchez es consciente de que esa reforma requerirá tiempo y un consenso que no hay en estos momentos y, por eso, prepara un plan B: “En tanto no sea posible lograr ese nuevo pacto, dentro de las posibilidades actuales el Grupo Socialista entiende necesario: 1) Abrir un capítulo específico en el nuevo Estatuto referido a las relaciones con la Unión Europea, que recoja esa voluntad de participar más y mejor en la toma de decisiones políticas europeas dentro de las actuales limitaciones constitucionales, de tener presente Europa en el debate democrático vasco, y de defender nuestros niveles competenciales en este sistema de gobernanza multinivel”.

El segundo punto de esta nueva cesión es aún más evidente: ofrece “recoger que Euskadi, de acuerdo con el Estado, participará en los órganos del Consejo, formando parte de la delegación española cuando dicha participación se considere necesaria, así como en los órganos consultivos y preparatorios del Consejo y Comisión, cuando se traten asuntos que afecten a competencias vascas, con la posibilidad de presidir esa delegación en representación de España”.

También acepta Sánchez “incorporar la participación vasca en la designación de representantes permanentes ante la UE”; y “prever que el Estado pueda delegar en el País Vasco su presencia en ámbitos europeos”.

El catálogo de cesiones de Pedro Sánchez ante los nacionalistas vascos y catalanes se empieza convertir, de este modo, en inagotable. La negociación entre el PNV y el PSOE que se está llevando a cabo para configurar el nuevo Estatuto Vasco, el camino real hacia la “autodeterminación” como señala el texto, toca de lleno también a la Justicia. Los socialistas vascos han comunicado ya su disposición a negociar la creación de un “Consejo de Justicia de Euskadi”.

Hay que recordar que el Estatuto Vasco pone sobre la mesa la “autoderminación”, la anexión de Navarra y los territorios del País Vasco francés así como el condado de Treviño y el Valle de Villaverde.
Y los trabajos de desarrollo de este texto no han parado pese al final de la legislatura.

Los textos sobre los que trabajan ya los encargados de la redacción del futuro Estatuto de Autonomía recogen con claridad la idea del “sujeto jurídico-político” vasco.  Y en ese nuevo marco normativo que Sánchez se ha comprometido a negociar se incluye: “Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte integrante del pueblo vasco, en desarrollo y actualización de los derechos históricos y fundamentándose en la libre y democrática decisión de las ciudadanas y ciudadanos”.

Es decir: como si fueran un país con autodeterminación. Porque a ese “sujeto jurídico-político institucional”, se le confiere “un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo, de naturaleza confederal”. Es decir, de nuevo, una autodeterminación pura.