Sánchez preparó su declaración con el abogado de Begoña Gómez en una reunión en Moncloa

Pedro Sánchez ha preparado este lunes su declaración ante el juez que instruye el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, con un grupo de asesores del presidente y la defensa de su esposa. Entre ellos ha estado el letrado que defiende a su mujer, Antonio Camacho, ex ministro socialista. Una decena de personas, según han explicado fuentes cercanas al presidente a este periódico, que se han reunido en las últimas horas para trazar la estrategia que seguirá este martes. «Su voluntad es la de colaborar con la Justicia», subraya un estrecho ayudante de Sánchez, si bien también «tiene el deseo» de «denunciar que se trata de una persecución política a él y a su esposa Begoña Gómez».

El último encuentro antes de la cita con el magistrado, pues las mismas fuentes afirman que en los últimos días «se han sucedido varias reuniones», aunque «no siempre han estado presentes las mismas personas», se produjo a primera hora de este lunes. Ha sido antes de que el jefe del Ejecutivo recibiera en el Palacio de La Moncloa a la jefa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ex vicepresidenta de su Gobierno, Nadia Calviño. Se ha tratado de «reunión de trabajo» de alrededor una hora y media, manifiestan las mismas fuentes, en la que se ha hablado de todo. También de la posibilidad de que la defensa de Gómez y la Fiscalía, que han presentado varios escritos solicitando que se suspendiera la declaración presencial, para que fuera por escrito, logren su objetivo. La presión sobre el juez, por varias vías, es total.

En el equipo del jefe del Ejecutivo aseguran que «no hay miedo» a la declaración de este martes ante el juez Peinado. Pues tanto Sánchez como su núcleo más cercano siguen insistiendo que su esposa, Begoña Gómez, «no actuó mal». Que «no hay caso», dicen en resumidas palabras. E insisten que «todo es un montaje de la derecha y la ultraderecha mediática» para «intentar derrocar al Gobierno elegido democráticamente en las urnas». Opinan, además, que «diga lo que diga» el secretario general del PSOE ante el magistrado que instruye el procedimiento «casi seguro que le acabará imputando, ese es su único objetivo».

Peinado en Moncloa

El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Juan Carlos Peinado, se desplazará físicamente este martes al Palacio de La Moncloa donde prevé tomar declaración testifical al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las 11 de la mañana. Podía haber citado al dirigente nacional por videoconferencia como hizo con el testigo Juan Carlos Barrabés por enfermedad pero finalmente el acto judicial será en persona.

El magistrado ha acordado que al interrogatorio deben asistir las defensas de los tres investigados -Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache–, el fiscal José Manuel San Baldomero, y la abogada de Vox, Marta Castro, en representación de las acusaciones populares. Junto con el letrado de la Administración de Justicia y los servicios técnicos del juzgado se tendrá que habilitar una sala para una decena de personas. El resto de acusaciones (Hazte Oír, el Movimiento por la Regeneración Democrática, Iustitia Europa y Manos Limpias) no está claro si podrán acceder. Su voluntad es sí entrar en la sala.

Carta con exigencias

La testifical se celebrará de manera presencial pese al intento de Sánchez que, en una carta dirigida al propio juez Juan Carlos Peinado, solicitó que la misma tuviera lugar por escrito dado su cargo. De hecho, el juez Carlos del Valle -en sustitución de Juan Carlos Peinado- resolvió la semana pasada manteniendo esa presencialidad del interrogatorio.

En esa carta, el presidente del Gobierno indicaba al juez que tiene voluntad de «colaborar» con la Justicia, pero defendía que su declaración como testigo debía ser por escrito dado que su comparecencia «resulta inescindible» de su cargo. «Es mi deber preservar el sentido propio de la institución», añadía.

Sánchez incidía en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) diferencia entre la declaración de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por «razón de su cargo» o por hechos ajenos a su ejercicio como presidente. En el primer caso, la norma da la posibilidad de declarar por escrito; en el segundo, no. En este sentido, insistía en que para «garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico» y dadas las cuestiones que se investigan en la causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la declaración «debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la LECrim».