Sánchez pide a los empresarios que permitan horarios «flexibles» a los trabajadores que vayan en bici

El Gobierno despliega su campaña En bicicleta al trabajo para animar a los españoles a usar menos el coche para acudir a su puesto laboral. En plena crisis por el precio de la gasolina, el Ejecutivo no ha propuesto aún ninguna medida para abaratar el precio de los combustibles. En su lugar, insta a los empresarios a adoptar ciertas soluciones para incentivar el uso de la bicicleta entre sus empleados.

Así se recoge en la Guía de buenas prácticas de empresa con la que el Gobierno pretende promover un uso generalizado de este sistema de desplazamiento. Entre los consejos, se insta a los empresarios a implantar «horarios de trabajo conciliadores y flexibles» a fin de facilitar «el movimiento en bicicleta según las circunstancias personales»; «habilitar vestuarios y duchas para animar a quien viva más lejos»; «disponer de espacios donde estacionar la bicicleta de manera segura y poder realizar un mantenimiento básico»; «definir sistemas de caminos en bici al trabajo, de modo que se organicen rutas para llegar en bici de manera conjunta»; «adquirir bicis para préstamo a empleados o facilitar el uso de sistemas de bicis compartidas» y «facilitar la realización de actividades formativas sobre movilidad sostenible».

Repartos en bici

Además, el Gobierno pide que se «priorice» a los «proveedores que utilicen ciclologística en sus repartos de paquetería» y que se organicen, fuera del horario laboral, actividades para que los empleados puedan realizar rutas en bicicleta. Igualmente, se insta a «ofrecer incentivos o beneficios a quienes adopten la movilidad activa en sus desplazamientos laborales, en detrimento del vehículo privado a motor».

Mientras incentiva el uso generalizado de la bicicleta, Pedro Sánchez sigue sin adoptar medidas para reducir el precio de los combustibles. El Gobierno ha descartado aplicar una rebaja de impuestos -como reclaman los ciudadanos y partidos como el PP- y se decanta por un sistema de bonificaciones. El alza de los precios ha provocado ya el estallido social. Los transportistas prosiguen con una huelga masiva que está provocando ya problemas de abastecimiento y el mundo rural ha protagonizado una multitudinaria manifestación contra las políticas socialcomunistas.

Con España en colapso, Sánchez persiste en cambio en su estrategia de buscar culpables para esconder sus responsabilidades.

«Esta legislatura está marcada por una pandemia de la que aún no nos hemos sobrepuesto; estamos gestionando incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural, como un volcán en La Palma, y ahora, una guerra», señaló el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. «Hasta el momento no ha hecho nada, y no es una opción no hacer nada. Los españoles ya no confían en usted», le espetó la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.

Entre tanto, Sánchez ha exhibido como un éxito el hecho de que Bruselas se abra a estudiar medidas nacionales para topar el precio de la luz después de que el Consejo Europeo reconociese un «tratamiento diferenciado» a España y Portugal. El Gobierno deberá contar con la aprobación de Bruselas para llevar a cabo sus medidas, que tendrán que ser evaluadas y controladas por la Comisión y un Consejo de Ministros de Energía, por lo que su aplicación no será ni mucho menos inmediata. En el Ejecutivo ya admiten que su aplicación puede aplazarse hasta «tres o cuatro semanas», que es el plazo en el que el Gobierno espera que «habrá un pronunciamiento de la Comisión Europea».