Sánchez no ve mal aplicar la Ley de Seguridad Nacional para impedir el referéndum secesionista

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no vería mal la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2015 en la recta final de la primera legislatura de Mariano Rajoy, para frenar el referéndum en Cataluña. La ley contempla “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”.

Tras un desayuno informativo, organizado por la agencia Europa Press, el secretario general socialista, Pedro Sánchez, a la pregunta de OKDIARIO de si el PSOE estaría dispuesto a aplicar la ley de la Seguridad Nacional para impedir el referéndum ilegal en Cataluña, declaró: “Nosotros no veríamos  mal la aplicación de ninguna medida legal para impedir que se celebre el referéndum”.

Minutos antes, durante su intervención, Sánchez, en un discurso mucho más moderado que en otras ocasiones, manifestó que el PSOE pensaba situarse junto al Gobierno y otras fuerzas políticas ante el desafío independentista. Aunque, según él, después del 1-O habría que estudiar un nuevo encaje de Cataluña en España: “España se construye desde el Gobierno y desde la Oposición” añadió.

El secretario general afirmó que el PSOE sigue reivindicando el espíritu del 78, año en el que se aprobó la actual constitución española.

Hasta le fecha el PSOE se ha manifestado contrario a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión de la autonomía catalana.

Por su parte, el Gobierno también se ha pronunciado en repetidas ocasiones, recientemente por medio de la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, a favor de la ley de la Seguridad Nacional antes de echar mano al artículo constitucional.

La ley de Seguridad Nacional que, al margen del artículo 155, puede facilitar un acuerdo entre PP y PSOE para impedir el proceso secesionista catalán, garantiza “la estabilidad y el buen funcionamientos de las instituciones”. El artículo 3 define la Seguridad Nacional como “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales….”.

En su apartado 9, señala que los servicios de Inteligencia e Información del Estado, de acuerdo con el ámbito de competencias, “apoyarán permanentemente al Sistema de Seguridad Nacional, proporcionado elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios para prevenir y detectar los riesgos y amenazas y a contribuir a su neutralización”.

Fuentes policiales manifestaron a OKDIARIO que, hasta la fecha, la única institución de la Seguridad del Estado que se ha quemado en la lucha contra la corrupción y el independentismo en Cataluña ha sido el Cuerpo Nacional de Policía. “Desde que comenzó toda esta aventura secesionista el CNI se ha colocado de perfil”, aseguraron.

Ese artículo sirve de respuesta a la estrategia política que han desplegado los dirigentes catalanes del PdeCat, ERC y la CUP con la ayuda de Podemos, algunos comisarios policiales y medios de comunicación como Público. Todos ellos han logrado introducir en el debate independentista la cortina de humo de una supuesta Operación Cataluña y la existencia de una policía que pretenden criminalizar con el nombre de patriótica.

La responsabilidad de perfilar la situación de interés para la Seguridad Nacional recae en el presidente del Gobierno. Es misión de Mariano Rajoy, por tanto, la misión de establecer la definición de crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y, en su caso, una posible prórroga, el nombramiento de una autoridad funcional, la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan, y la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional.

La ley resuelve también el papel de los Mossos de Escuadra durante el referéndum ilegal. Mantiene que “la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”.

Otra ley similar con el sello Zapatero

Si algún militante socialista se muestra renuente a la aplicación de la ley de la Seguridad Nacional, aprobada por un Gobierno del PP en 2015, le queda la opción de una segunda  de protección de la democracia española: la ley orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en noviembre de 2005, durante el primer Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Su artículo 2 mantiene que “la política de Defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España”.

El artículo 26, dedica también un protagonismo especial a los servicios secretos. Señala que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “contribuirá a la obtención, evaluación e interpretación de la información necesaria para prevenir y evitar riesgos o amenazas que afecten a la independencia e integridad de España, a los intereses nacionales y a la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones”.