Sánchez miente: sus reformas pasarán el examen de la UE antes de recibir un euro de los 72.700 millones

"El 70% de las subvenciones concedidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se comprometerá en 2021 y 2022. El 30 % restante se comprometerá enteramente a finales
de 2023", señala el acuerdo.

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Pedro Sánchez, durante una cumbre de la UE.
Carlos Cuesta

Pedro Sánchez debe explicar a partir de hoy los detalles del fondo europeo de, teóricamente, 72.700 millones de euros en ayudas directas destinadas a España. Lo hará después de haberse autoaplaudido en diversas ocasiones por lo que él ha bautizado como «hito histórico»: pero habrá unos controles de las reformas económicas, que serán revisadas con lupa. Unos exámenes que correrán a cargo de la Comisión Europea y que tendrán respuesta internacional por parte del resto de estados miembros.

Lo cierto es que, ni la cifra de dinero es definitiva, ni la alardeada incondicionalidad aparece por ningún lado. Todo lo contrario: el texto del documento firmado por Pedro Sánchez recoge claramente los exámenes de Bruselas para poder acceder al dinero por parte del Gobierno socialcomunista.

El texto del acuerdo detalla el denominado ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’. Allí se recogen las cifras de las ayudas a todos los estados miembros. Y se señala con claridad que «el 70% de las subvenciones concedidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se comprometerá en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá enteramente a finales
 de 2023». Es decir, que el 30% está más en el aire que en la tierra.

Además, «por regla general, el volumen máximo de los préstamos para cada estado miembro no superará el 6,8 % de su RNB» (Renta Nacional Bruta). Y «la clave de reparto de los compromisos en el marco del ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’ para los años 2021-2022 se establecerá con arreglo a la propuesta de la Comisión. Con respecto a la clave de reparto para el año 2023, el criterio de desempleo durante el periodo 2015-2019 se sustituye, en igual proporción, por la pérdida del PIB real registrada durante 2020 y por la pérdida acumulada del PIB real registrada durante el periodo 2020-2021 y esta se calculará a más tardar el 30 de junio de 2022».

Con lo que las cifras no son definitivas. 
Pero el punto que más problemas políticos internos puede generar a Pedro Sánchez dentro de su Ejecutivo socialcomunista será el de los muy subrayados controles de las reformas económicas. Unos exámenes que correrán a cargo de la Comisión Europea y que tendrán respuesta internacional por parte de todos los estados miembros.

Planes nacionales de recuperación

El punto en cuestión es el A18. Y allí se señala que «los estados miembros elaborarán planes nacionales de recuperación y resiliencia que expongan el programa de reformas e inversiones del estado miembro en cuestión para el periodo 2021-2023».

Por si había alguna duda, el documento añade que «los planes se revisarán y adaptarán según proceda en 2022 para tener en cuenta la asignación definitiva de fondos correspondiente a 2023».

El punto A19 va a más: «La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de su presentación. Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por país así como al refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición ecológica y digital también será condición indispensable para conseguir una evaluación positiva».

Por si fuera poco, «el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, aprobará la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia mediante un acto de ejecución que el Consejo procurará adoptar en un plazo de 4 semanas a partir de la propuesta».

«Cumplimiento satisfactorio de las metas»

Por supuesto, «la evaluación positiva de las solicitudes de pagos estará supeditada al cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes». Dicho de otra manera: no sólo hay condiciones, sino que, además, se podrán ir adaptando a medida que se vea el comportamiento de los países.

Además, «la Comisión solicitará el dictamen del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes. El Comité Económico y Financiero se esforzará por alcanzar un consenso. En el caso excepcional de que uno o más estados miembros consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes, podrán solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita la cuestión al próximo Consejo Europeo».

Como colofón al sistema de condicionalidad, «la Comisión adoptará una decisión sobre la evaluación del cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes y sobre la aprobación de los pagos de conformidad con el procedimiento de examen».

Siempre teniendo en cuenta que, «de someterse la cuestión al Consejo Europeo, la Comisión no tomará decisión alguna sobre el cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos ni sobre la aprobación de los pagos hasta que el próximo Consejo Europeo haya debatido la cuestión de manera exhaustiva. Este proceso no deberá, en principio, demorarse más de tres meses a partir del momento en que la Comisión haya solicitado al Comité Económico y Social su dictamen».

El presidente Pedro Sánchez, pese a todo ello, se ha hecho aplaudir por todo su séquito tras ser rescatado por Europa en sólo seis meses de Gobierno. Pero, es más, el rescate económico -que incluye un supuesto pago a España de 72.700 millones de euros en cinco años -entre 2021 y 2025- tiene más letra pequeña: justo desde este año 2020 y hasta ese mismo 2025, España tendrá que ir devolviendo casi milimétricamente ese mismo importe de 72.700 millones en concepto de aportación a la UE anual.

Las últimas exigencias de Bruselas han marcado una aportación anual de España a la UE para financiar el Presupuesto comunitario de 11.950 millones de euros, lo que significa que, hasta 2025, habremos tenido que devolver 71.700 millones de euros. El saldo final del fondo recibido será, por lo tanto, de 900 millones de euros de aquí a 2025: 150 millones por año.

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