SEGÚN EL CÍRCULO EMPRESARIAL DE ATENCIÓN A PERSONAS (CEAPS)

Sánchez da largas a una reunión con las residencias y remite a Iglesias, que no contesta

residencias
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Los intentos de las residencias para reunirse con el Gobierno y planificar el nuevo escenario de la pandemia siguen resultando fallidos. En los últimos meses, la patronal CEAPs -el organismo de la dependencia más importante de España en cuanto a plazas y representatividad y que agrupa a empleados que atienden a más de 370.000 personas, tanto en residencias como en servicio de atención en domicilio y teleasistencia- ha intentado por activa y por pasiva llevar su testimonio, sus problemas, sus aportaciones, al Ejecutivo. Plantear, en definitiva, una visión de primerísima mano de la cruda realidad en las residencias de ancianos, el punto más negro del coronavirus.

Algunos de esos llamamientos, como reveló OKDIARIO, se produjeron durante los meses más críticos de pandemia, y se dirigieron tanto a Pedro Sánchez como a los ministros competentes. Con Pablo Iglesias, desde que asumió su cargo como vicepresidente, se intentó contactar hasta en cinco ocasiones. El podemita nunca respondió. La pasada semana, confirman fuentes de la patronal, llegó una contestación de Presidencia del Gobierno. Y la respuesta tampoco fue satisfactoria: Sánchez se desentiende y deriva esa posible reunión a Illa y a Iglesias. En definitiva, de nuevo, el duro testimonio de las residencias sigue sin ser escuchado. 

La terrible situación en las residencias ha embarrado el debate político en torno a la gestión de la pandemia. En las últimas semanas, el Gobierno ha eludido cualquier responsabilidad, atribuyendo las competencias únicas a las comunidades autónomas. Y aunque es cierto que las comunidades conservan sus atribuciones, cabe recordar que, el 19 de marzo, el ministro Illa delegó en Iglesias la coordinación del funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado para hacer frente a la crisis.

Según estas instrucciones, el líder de Podemos asumía la iniciativa para proponer actuaciones en todo el territorio nacional y determinar las medidas necesarias para el funcionamiento de dichos servicios. Iglesias, además, estaba al corriente del día a día de los centros. Como informó OKDIARIO, el Gobierno constituyó además un «grupo especial» para seguir la situación en las residencias, integrado por representantes de la Vicepresidencia Social, de Sanidad  y de Defensa.

Más allá, la orden de Sanidad del 23 de marzo, si bien reiteraba las competencias de las comunidades, también involucraba al Gobierno ante la delicada situación de los centros. Dicha orden, dictada por Illa, pero a propuesta de Iglesias, disponía que el Ejecutivo, a través de sus delegaciones en las distintas comunidades autónomas, debía actuar en caso de que las residencias pidiesen auxilio. Es decir, no tenía un papel meramente residual.

5 intentos de reunión

Iglesias, no obstante, ha eludido cualquier responsabilidad. Y ha esquivado también las peticiones de reunión dirigidas desde las residencias. Peticiones en las que se intentaba hacer llegar al vicepresidente un mensaje de auxilio, en momentos dramáticos. Sin personal y sin medios.

La patronal, como reveló OKDIARIO, intentó contactar con el ministro podemita hasta en cinco ocasiones. La primera vez, en enero, apenas dos semanas después de asumir el cargo. Una toma de contacto para exponer las principales inquietudes y problemas del sector. No hubo respuesta. Tampoco la hubo en otra petición de febrero. Ni ya en marzo, con la epidemia recorriendo silenciosamente todo el país y los centros desbordados.

Las residencias han intentado que el Gobierno les escuche en sus peticiones de más recursos, de más personal. De test. De protocolos básicos para hacer frente a un virus desconocido -no llegarían hasta el 5 de marzo, ya cuando la patronal había tomado la iniciativa de informar a sus socios- o instrucciones para afrontar la desescalada.

En este tiempo, han tenido que reclamar con insistencia que se les reconociese como profesionales de nivel 1, una consideración que permite tener una atención prioritaria en cuanto a la provisión de material -mascarillas, guantes, EPIs- para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

También han solicitado que se permitiese a personal sin titulación trabajar en los centros y la realización de una prueba diagnóstica a todos los usuarios y profesionales, especialmente cuando mostrasen síntomas o cuando un usuario regresase del hospital, por problemas ajenos al coronavirus.

El 24 de marzo, y tras las noticias sobre el hallazgo por parte del Ejército de ancianos muertos y abandonados en residencias, desde CEAPs se pusieron en contacto con Presidencia de Gobierno, la vicepresidencia social de Iglesias y el Ministerio de Sanidad. Por parte de Iglesias no hubo respuesta. La última petición fue el 5 de mayo, con el propósito de afrontar el proceso de desescalada.

«Un infierno»

La falta de respuestas del Gobierno llevó a CEAPs a elaborar, una vez más, sus propios protocolos. Un plan detallado en el que insistían en el  suministro de equipos de protección, PCR y test serológicos y avisaban también de que el aislamiento había «conllevado un sufrimiento físico y psicológico con angustia, desorientación y miedo entre personas con unos altos niveles de dependencia».

El testimonio de las residencias sí se pudo escuchar hace unas semanas en el Congreso de los Diputados.

Entonces, la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, relató al detalle la dramática situación vivida en los centros. Meses, dijo, de «infierno».

«Le pedimos a los ministros que lo hiciésemos juntos, que nos facilitasen los medios, nada más. No puedo entender, se lo digo de verdad, que nadie nos echase una mano y estuviese a nuestro lado», aseveró.

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