Una orden de Sanidad propuesta por Iglesias el 23-M obligaba al Gobierno a auxiliar a las residencias

El 19 de marzo, el vicepresidente social Pablo Iglesias asumió el mando de los servicios sociales -y en consecuencia las residencias- ante la dramática situación de la crisis del coronavirus. Ahora, en plena polémica por el fallecimiento de ancianos en los centros, Iglesias se sacude sus responsabilidades aludiendo a las comunidades autónomas -especialmente la Comunidad de Madrid- y a las residencias privadas, a las que acusa de estar en manos de «fondos buitre» y «corruptos» y de haber puesto a los ancianos en «una situación de vulnerabilidad». Según Iglesias, su función no comprendía responsabilidad alguna sobre los centros, cuya competencia recae en los gobiernos autonómicos. Esto es cierto. Pero no implica que el Ejecutivo se mantuviese al margen. Una orden del Ministerio de Sanidad, propuesta por el propio líder de Podemos, sí involucraba al Gobierno ante la delicada situación de los centros.

El 23 de marzo, el departamento de Salvador Illa dictó una orden para establecer «medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19». El propósito era seguir más de cerca la situación de estos centros, disponer de información rigurosa y actualizada sobre un colectivo fuertemente golpeado por la pandemia. La citada orden dejaba clara la preocupación del Gobierno por la situación, dado «el rápido avance de la enfermedad» y «la especial vulnerabilidad de las personas mayores, con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales».

En uno de sus puntos, se implica directamente al Gobierno, a través de sus delegaciones en las distintas comunidades autónomas, que debían actuar en caso de que las residencias pidiesen auxilio. Es decir, el Ejecutivo no tenía un papel meramente residual.

Esas situaciones críticas abarcaban, por ejemplo, la imposibilidad, por ausencia de medios personales, materiales o de otra índole, de garantizar la seguridad de los ancianos «especialmente en lo relativo a las normas de aislamiento» de los enfermos; la «imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por acumulación y/o ausencia de servicios funerarios disponibles» o «cualquier otra circunstancia análoga» que pudiese poner el «grave peligro la integridad y el sostenimiento del servicio». En estos casos, los centros residenciales deberían comunicar esa situación tanto a las consejerías como a las delegaciones de Gobierno, «a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar respuesta a la situación concreta». Además, se debería informar a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, de Pablo Iglesias.

Esto implica que, ante una situación crítica en las residencias u otras circunstancias que pusiesen en riesgo la salud y la vida de sus ocupantes, el Gobierno estaba al corriente para tomar las oportunas decisiones. Ello, sin perjuicio de que, como dicta la orden y como este miércoles ha destacado Iglesias en el Congreso, las comunidades conservasen la función de inspección de los centros.

A propuesta de Iglesias

Esa orden fue propuesta por iniciativa de Pablo Iglesias, según reveló el propio ministro Illa en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 24 de marzo.

En su intervención, Illa destacó la «especial atención» del Gobierno hacia las residencias de mayores «por tratarse de población especialmente vulnerable a los ataques» del coronavirus y recordó las órdenes y protocolos dictados en este sentido.En el del 5 de marzo, por ejemplo, Sanidad instaba a aislar a los enfermos y recomendaba no trasladarlos a un centro sanitario «si su estado general es bueno».

Pero, además, Illa anunciaba que la vigilancia se había reforzado. Sanidad quería estar al corriente.

Se creó un «grupo especial», con representación del Ministerio de Iglesias, para seguir la situación en las residencias 

«Esta nueva orden», dijo el ministro sobre la anteriormente explicada, «es más estricta que la anterior establece medidas de intervención en aquellas residencias que no cumplan estos requisitos», señaló y añadió que, si bien las competencias correspondían a las comunidades, «se refuerzan los mecanismos de información para que el Gobierno tenga puntual información de que se están ejecutando estas órdenes y se está prestando la atención necesaria en estas residencias de mayores».

Además, el Consejo de Ministros decidió entonces la creación de un «grupo especial» para seguir la situación en las residencias, integrado por representantes de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, de Sanidad  y de Defensa.

En definitiva, Iglesias -o al menos eso se anunció- se dotó de los mecanismos para estar informado de la situación en las residencias de ancianos. Conocía el drama en los centros y también el elevado número de fallecidos. Ahora, en cambio, evita todas las responsabilidades.