Sánchez consultará a las «organizaciones de género» antes de repartir los fondos de la UE

El Plan de Recuperación que Pedro Sánchez tiene que presentar ante la Comisión Europea para poder recibir los 140.000 millones de los fondos europeos otorga un papel relevante a «expertos y organizaciones de género». Una denominación en la que se incluirían asociaciones y plataformas vinculadas al feminismo, y que, según la propuesta del Ejecutivo, podrán participar en los «foros y órganos consultivos que intervengan en la implementación y seguimiento» del plan. Sánchez concede así a estas organizaciones un poder importante para tutelar el reparto y empleo de los fondos recibidos.

El plan, que el presidente socialista presentó el pasado miércoles al Congreso, es impreciso y apenas concreta medidas. Se basa en «cuatro ejes transversales» -transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género-, desarrollados a través de 10 «políticas palanca», vinculadas, ente otros, a la lucha contra la despoblación, la modernización empresarial, la formación continua, la economía de los cuidados, la industria de la cultura y deporte o la «modernización del sistema fiscal».

Medidas inconcretas

El documento esquiva las reformas más polémicas y se limita a un compendio de grandes enunciados vacíos de contenido.

En los ‘Procedimientos transversales de fomento de la igualdad de género y oportunidades’ se indica, además, que «en las convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva y en sus órdenes de bases reguladoras se incorporarán requisitos y criterios que mejoren su impacto de género». Así, «se valorarán las actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes» y, adicionalmente, «las comisiones de evaluación procurarán la presencia equilibrada de hombres y mujeres».

El Plan recoge que «la crisis del Covid-19 ha tenido y está teniendo consecuencias más severas sobre las mujeres, en múltiples dimensiones: por su papel en el ámbito sanitario, por su representación en los sectores económicos más afectados, por su mayor implicación en el ámbito de los cuidados personales y familiares, y por su mayor vulnerabilidad en un contexto de confinamiento».

En el texto se destacan algunas «reformas e inversiones» de «gran impacto en la lucha contra la desigualdad», como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas estrella del Gobierno socialcomunista que, sin embargo, presenta hasta el momento un balance demoledor: no llega al 93% de las personas bajo el umbral de la pobreza.

También se destacan como medidas de empuje para la igualdad la creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil, un Plan Nacional de Competencias Digitales, la lucha contra la pobreza energética, el fomento del alquiler social, el Plan de choque para la economía de los cuidados (el plan estrella de Irene Montero) o inversiones en transporte público. Según se expone, «las familias monoparentales de madre, así como personas residentes de origen extracomunitario muestran un gasto en transporte público superior a la media nacional».

«Clima favorable»

El plan, como recogió además OKDIARIO, prevé una macrocampaña de propaganda con el objetivo de crear un «clima favorable» en la opinión pública a las reformas contempladas.

Así, se señala que el Gobierno está diseñando un plan de comunicación para «fomentar un clima favorable a las reformas e importantes inversiones que este Plan realizará, promoviendo e identificando iniciativas en diferentes sectores, así como visualizando y poniendo en valor el impacto positivo de los fondos en la recuperación y la transformación de la economía española y europea».

Sánchez lleva meses alardeando del Plan de Recuperación sin que, hasta el momento, se sepa aún cuándo se va a recibir el dinero procedente de la Unión Europea.

Por este motivo, tampoco existe un calendario previsto para la aprobación e implementación de las medidas.

En el documento, de más de 200 páginas, se recogen vaguedades en cuestiones de gran calado como los impuestos, donde se contempla una «profunda modernización del sistema fiscal, que abarcará una adaptación a las nuevas realidades digitales y a las prioridades medioambientales».

Únicamente se señala que «analizarán en profundidad las figuras tributarias actuales» y la intención de «avanzar en la incorporación de nuevos tributos».

«Se persigue hacer más equitativo, progresivo, sostenible y justo el sistema tributario español, al mismo tiempo que se profundiza en el diseño de una fiscalidad verde, se incorpora la perspectiva de género y se potencian políticas públicas de interés general, como la protección de la salud o la educación», se explica.

«Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes».

El Plan no oculta la mayor presión fiscal ya que se «prevé incrementar la suficiencia recaudatoria de nuestro sistema tributario».