Sánchez impone el despliegue de efectivos militares en toda España pese a los sublevados Torra y Urkullu

Urkullu Sánchez
Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu.
Carlos Cuesta

Pedro Sánchez acaba de impulsar el estado de alarma como mecanismo de asunción y concentración de poderes para combatir al coronavirus. Pero ello implica la necesidad de más medios para poner en marcha las nuevas medidas: medios como los efectivos militares para poder mantener el control del orden público y las restricciones a la movilidad, así como los efectivos militares hospitalarios al completo. Traducido: desplegar efectivos del Ejército por todo el territorio dentro del plan de cooperación y coordinación con los efectivos civiles.

Torra y Urkullu no quieren ni oír hablar de que los militares entren en las dos regiones españolas que gobiernan. El decreto del estado de alarma ordena la centralización del mando de varias competencias: la de Interior, por supuesto. Y la de la Sanidad, también. Porque, en caso contrario, será imposible coordinar las labores de combate al coronavirus.

La sanidad española está en manos, en estos momentos, de los Gobiernos de las comunidades autónomas, fruto del catálogo de competencias establecido en la Constitución Española. Y las competencias de Interior están transferidas al País Vasco y Cataluña.

Los gobernantes separatistas de ambos territorios han puesto el grito en el cielo y han mostrado a Moncloa y de forma interna su rechazo a una medida que consideran un 155 encubierto. Y todo ello, aunque esté en juego la lucha contra el coronavirus en todo el mundo.

El Gobierno ha aprobado un decreto que limitará los movimientos de los ciudadanos en toda España. La restricción de los desplazamientos será efectiva desde el lunes a las ocho de la mañana. Se permite ir a trabajar, a comprar comida o medicinas, así como retornar al lugar de residencia y los viajes para atender a mayores, menores y dependientes. El resto de medidas que contempla el texto, como la posibilidad de requisar temporalmente bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, entrará en vigor cuando se publique en el BOE. El texto se ha debatido en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha durado más de siete horas y ha estado marcada por las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos por el plan de choque económico.

Pero uno de los puntos que se ha cruzado en medio de semejante decreto ha sido, directamente, el rechazo frontal de los separatistas al hecho de que aparezcan militares españoles con funciones de control y refuerzo en Cataluña y País Vasco.

Todo ello, mientras el avance de los contagios es dramático. Mientras varias ciudades han anunciado ya que suspenden uno de sus grandes atractivos turísticos como son las procesiones de Semana Santa -entre ellas, Sevilla, Málaga, Murcia, Cuenca y Zamora-. Mientras Murcia se ha unido este sábado a Madrid, Galicia, Asturias y Cantabria, en el conjunto de comunidades que ya han ordenado cerrar todos los comercios, salvo los de alimentación y primera necesidad.

El enfrentamiento con los dos líderes separatistas, de hecho, ha provocado que se tenga que retrasar la videoconferencia convocada con los presidentes autonómicos, que tenía que haberse producido a las 17:00 de este sábado. Esa videoconferencia debe servir para explicar y coordinar lo plasmado en el decreto de estado de alarma. Y ha quedado en el aire por culpa de las discrepancias de Torra y Urkullu y por su rechazo a ver al Ejército en dos regiones españolas.

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