Sánchez chantajea a la Iglesia con el IBI, la pederastia y la Mezquita para resolver el ‘caso Franco’

La vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo, se empeña en vender un supuesto acuerdo con el Vaticano para evitar que los restos mortales de Franco acaben en la Catedral de la Almudena. Pero la realidad es que la negociación se ha convertido en amenaza y el Gobierno presentó ayer todo un abanico de chantajes a la Iglesia si esta institución no presiona a la familia del dictador para que lleve la tumba de Francisco Franco al Pardo.

Y la amenaza es seria: incluye nada menos que la utilización de la pederastia para atacar a la Iglesia; la apertura de una batalla legal para poner en duda la propiedad de la Iglesia sobre templos como la Mezquita Catedral de Córdoba; y la revisión de la exención del IBI que la Iglesia Católica tiene -igual que la tiene el PSOE en sus sedes o UGT por ser instituciones con fines sociales y sin ánimo de lucro-.

La visita del pasado lunes de la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez al Vaticano no ha ido como esperaba Moncloa. Frente a la versión publicada oficialmente por el Gobierno, lo cierto es que el acuerdo con la Iglesia no supone que la cúpula eclesiástica asuma la responsabilidad de buscar una solución a la exhumación de Franco. El compromiso se limita a mediar con la familia del dictador, un punto que implica, desde el punto de vista jurídico y en primer lugar, que el Vaticano no va a violentar la voluntad de la familia.

El Vaticano no va a violentar la voluntad de la familia Franco, propietaria de las tumbas de la cripta en la que pretende enterrar al general

En el encuentro entre el número dos del Vaticano, Pietro Parolin, y la vicepresidenta Calvo, el Vaticano ya expuso el condicionante jurídico de este asunto, tal y como ha publicado OKDIARIO. Y es que la Iglesia no puede negar sepultura en una cripta a un católico que haya adquirido derecho de propiedad sobre los nichos. No se trata de una opinión, sino de lo que plasma el Código Canónico a partir del canon 1.205.

La respuesta no gustó a Moncloa. Hasta el punto de que en esa misma conversación decidió incluir, como precio de las negociaciones y moneda de presión, nada menos que el tratamiento de los casos de pederastia, el IBI de los templos y las inmatriculaciones de los bienes inmobiliarios de la Iglesias -donde el caso más llamativo es el de la Mezquita Catedral de Córdoba-.

La amenaza incluye revisar el régimen de IBI de la Iglesia. Y lo plantea el Gobierno pese a que ese tratamiento fiscal no es exclusivo de la Iglesia: lo tienen todas las entidades sin ánimo de lucro y fines sociales. Partidos Políticos, embajadas, sindicatos o el resto de propiedades de las distintas confesiones religiosas disfrutan del mismo régimen fiscal recogido en la legislación fiscal española. Pero el Gobierno sólo ha amenazado con revisarlo en el caso de la Iglesia Católica.

La exención del IBI no es exclusivo de la Iglesia. Disfrutan de él las entidades sin ánimo de lucro y fines sociales, como los partidos políticos y los sindicatos

El asunto de la Mezquita Catedral de Córdoba es otro de los puntos de chantaje. Se discute legalmente la validez de la inmatriculación cuando lo cierto es que la inclusión en el Registro de la Propiedad -realizada más tarde por la Iglesia- no constituye un título de propiedad sino que simplemente eleva a fe pública la existencia de esa propiedad. Pero es más: porque en la reunión, Calvo habló en genérico de las inmatriculaciones, tratamiento que extiende la amenaza sobre la Mezquita Catedral al resto de bienes de la Iglesias que pueden estar en la misma situación de traslado tardío al Registro de la Propiedad.

Pero quizás la amenaza más grave es la referente a la pederastia. El Gobierno ha anunciado que presentará una reforma del Código Penal para que los delitos de abuso sexual a menores no prescriban, lo que equiparará la pederastia a los asesinatos terroristas y los delitos de genocidio. La reforma no tiene tacha alguna. Pero la vicepresidenta se lo comunicó el lunes al secretario de Estado del Vaticano como si fuera algo que la Iglesia debiera valorar. Todo ello cuando La Moncloa debería comprender que los casos judiciales, los delitos y los procesos penales son individuales: no se extiende la responsabilidad de lo cometido por personas a ningún colectivo.