Sánchez bloquea las medidas que prometió a Bruselas para garantizar la independencia del fiscal general

La Comisión Europea ha vuelto a poner en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez por el freno en materia normativa de una de las cuestiones más relevantes en el ámbito judicial: la garantía de la independencia de la Fiscalía General del Estado. El pasado mes de marzo, el organismo europeo ya recomendó a España que acometiese reformas «en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de éste con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal». Sin embargo, en su último informe -fechado en julio de este año-, Bruselas ha vuelto a constatar el bloqueo de estas medidas.

En mayo de 2022 se aprobó el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal y en septiembre de 2022 se aprobó una ley que establecía que, seis meses después de su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia regularía las comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno. «Sin embargo, no se han tomado más medidas y no se ha cumplido la obligación de actuar en un plazo de seis meses. Las partes interesadas siguen expresando su preocupación por que no se haya tomado ninguna medida para disociar en el tiempo el mandato del fiscal general del Estado y el del Gobierno», apunta el análisis de la Comisión Europea.

No es la primera vez que la Comisión Europea constata este bloqueo. En el informe sobre el Estado de Derecho en 2023, Bruselas «señaló que no había habido avances en relación con esta recomendación». Una situación que se mantiene. En concreto, en dicho informe, la UE alertaba que España «no ha seguido avanzando en el reforzamiento del estatuto del fiscal general del Estado», en alusión a lo destacado por Reynders. «No se han tomado medidas para reforzar el estatuto del fiscal general del Estado, no se ha avanzado en la aplicación de la recomendación formulada», aseveraba el informe.

El Partido Popular llevó este asunto a Bruselas después de que, en noviembre, el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala al apreciar «desviación de poder visible e innegable» en su ascenso. Un día después, el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó a García Ortiz como fiscal general hasta 2027, el mismo tiempo de legislatura, en caso de que no exista un adelanto electoral.

Imputación de García Ortiz

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la acusación de revelación de secretos presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La querella se refiere a la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al demandante. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota. Se trata de una investigación inédita en la historia, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

Ante la imputación, el Gobierno ha salido en defensa de García Ortiz. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha querido mostrar su «total respaldo a la labor del Fiscal General del Estado» y ha cargado contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. «Entre delincuentes confesos y fiscales que dicen la verdad, el Gobierno está del lado de estos últimos», ha sentenciado Bolaños. Por este motivo, el titular de Justicia se ha mostrado convencido de que esta imputación «quedará en nada».

No ha sido el único miembro del Ejecutivo de Sánchez que ha sacado la cara por García Ortiz: María Jesús Montero ha defendido que la Fiscalía solamente «se defendió de una mentira» de González Amador. La vicepresidenta primera considera además que aquellos a quienes no les gustan las actuaciones de la Fiscalía están intentando «demonizarlo» e «intentan presentar querellas» contra García Ortiz. «Pero insisto, aquí lo importante es que la Fiscalía se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso», ha señalado. Según Montero, Ayuso mintió al afirmar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto y que «además era Hacienda la que le debía dinero», cuando según ha subrayado Alberto González Amador admitió que había cometido «un delito fiscal» y fue su abogado el que solicitó el pacto.