Ley Celaá

Más ataques a la educación especial: el criterio de los padres prima si optan por «el régimen más inclusivo»

La resolución de conflictos queda en manos de la Administración y no de los padres

educación especial
Manifestantes frente al Congreso este martes 23 de junio de 2020 para protestar contra la 'ley Celaá' y defender la educación especial. (Europa Press)

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias avanzan en su deseo de estrangular a la educación especial. Mientras aseguran que es falso que mantengan un plan para acabar con este tipo de educación en diez años y forzar su integración en los colegios ordinarios, han cerrado el texto de la reforma educativa, la llamada ‘Ley Celaá’, que pasará al Senado con un nuevo golpe a los padres con niños en situación de educación especial. Ahora, los baremos para «resolver las discrepancias que puedan surgir» se solventarán por la Administración, «siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor» y un segundo elemento: «La voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».

El régimen más inclusivo es el de la escuela ordinaria, con lo que primará el criterio de las familias siempre que digan que optan por la ordinaria y no por la especial. El redactado deja, de esta manera, la resolución de conflictos en manos de la Administración y no de los padres.

El redactado figura ya en el dictamen del Congreso de los Diputados como la versión que corre el peligro de convertirse en el redactado final de la ya conocida como ‘Ley Celaá’. Y no suaviza ni lo más mínimo el ataque a la educación especial.

El texto en cuestión figura en el artículo 50, que establece que «se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 74, quedando redactados en los siguientes términos:

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».

Doble criterio

El texto establece, de esta manera un doble criterio para solventar las discrepancias: lo que interprete la Administración que es lo mejor para el menor. Y lo que elijan las familias siempre que «muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».

El redactado de la norma incorpora más guiños en favor de aquellos padres con niños con discapacidad que prefieran trasladar a sus hijos a un colegio ordinario que a uno de educación especial. Así, el punto 3 de ese mismo artículo 50 aclara que «al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos de manera individual para cada alumno».

Esa evaluación «permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo».

El punto 4 sostiene que «corresponde a las administraciones educativas promover la escolarización en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales y desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria. Para atender adecuadamente a dicha escolarización, la relación numérica entre profesorado y alumnado podrá ser inferior a la establecida con carácter general».

Por lo tanto, mientras el Gobierno saca a sus principales alfiles a los medios de comunicación para negar que haya un ataque a la educación especial, prosigue en el ataque a este tipo de centros escolares.

Además, los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, continúan con una cruzada contra los colectivos de personas con discapacidad cognitiva, incluso en otro tipo de normas. Tal y como ha publicado recientemente OKDIARIO, los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han instado ya un vaciado de la principal norma de protección específica de las personas con discapacidad.

La tramitación de la proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social ha sido el flanco elegido con este fin por los dos principales partidos de izquierda para lanzar todas una batería de enmiendas con el propósito de vaciar el texto legislativo que nació justo con el propósito contrario: el de incrementar incentivos.

Pacto con CERMI

La norma en cuestión procede del año 2013 y fue impulsada bajo mandato del PP. El texto que se está tramitando en el Congreso y que procede del Senado había sido impulsado fruto del pacto con CERMI. El objetivo era indisimulado: potenciar la protección y ayuda a estos colectivos. CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Tras el inicio de la tramitación, la norma ha recibido enmiendas por parte de los Grupos Parlamentarios Plural, VOX, PNV, PP y PSOE-PODEMOS. El GPP también incorporó cambios: para mejorar el texto de la mano de CERMI.

Pero quienes han marcado la tónica crítica con la norma han sido el Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos, que han presentado una batería de enmiendas que solicitan, prácticamente, la supresión de la inmensa mayoría del texto de la Proposición de Ley.

De hecho, piden hacer desaparecer la protección específica para muchas de las mismas personas que en su fase infantil o juvenil acuden a los colegios especiales.

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