Ribera gasta 4 millones para instruir a los españoles en «transición energética» en pleno recorte de gas

El Gobierno se prepara para concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de cambiar sus hábitos de consumo energético. Mientras aplica sus recortes a comercios y otros establecimientos, el Ministerio de Teresa Ribera quiere conducir a los españoles hacia la «transición energética». Para ello prepara una campaña de cuatro millones de euros, que se ejecutará entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2023. Por entonces seguirán todavía vigentes las medidas recogidas en el polémico real decreto que el Consejo de Ministros aprobó este mes, como la limitación de la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y de la calefacción a 19, así como el apagado de los escaparates a 22 horas, además de las nuevas que se impondrán a partir de septiembre.

Bajo el enunciado Beneficios de la transición energética, la propaganda pretende «transmitir a la ciudadanía los beneficios ambientales y sociales de la transición hacia un modelo energético limpio basado en renovables». Se prevé una difusión en todos los medios habituales, televisión, radio y prensa; y además, en las distintas lenguas cooficiales. El destinatario de la campaña es el público general, tanto urbano como rural.

El Gobierno intenta que la ciudadanía asuma un cambio en sus hábitos de consumo energético sin recurrir por ahora a nuevas obligaciones, salvo que la crisis se acentúe. En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara el plan de contingencia que deberá remitir a Bruselas antes de que finalice septiembre, y para el que ha pedido aportaciones a las comunidades autónomas, al contrario de lo que ocurrió con las medidas impuestas hasta ahora.

Críticas

El objetivo es llegar al 7% de reducción de consumo de gas comprometido con la Unión Europea. Por ahora, las primeras medidas apenas han conseguido una reducción del 3,7% en la demanda eléctrica. Un dato del que ha presumido Ribera, pero que, traducido, no es suficiente para alcanzar la meta marcada. La ministra aseguró esta semana que las nuevas medidas no afectarán, al menos por el momento, a los hogares ni a la industria.

El plan del Gobierno ha recibido ya las críticas de comerciantes y hosteleros, muy críticos, sobre todo, con la limitación de las temperaturas y el apagado de escaparates. También se han opuesto las comunidades gobernadas por el Partido Popular y otras, como el País Vasco o Cataluña, se han mostrado igualmente críticas. La Comunidad de Madrid ya prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional tras identificar al menos diez puntos inconstitucionales. Entre ellos, que se invadan competencias autonómicas cuando en el mismo decreto se presume de que España no tiene actualmente problemas de abastecimiento. Desde Sol defienden además que choca con el plan anticovid que obliga a mantener una buena ventilación en los locales -el decreto obliga al cierre de puertas en los establecimientos para no perder los efectos de la refrigeración- y de la Ley de Libertad de Horarios Comerciales al obligar al apagado de las luces en los establecimientos.

Mientras, el Gobierno va lanzando sus recomendaciones a los ciudadanos, que se reforzarán también de cara a septiembre. Entre ellas, como ha ido adelantando OKDIARIO, figura una reducción de la velocidad a 100 kilómetros por hora o limitar también la temperatura del aire acondicionado en casa a los 27 grados.

El plan de Bruselas, como reveló este periódico, no impone obligaciones de reducción del consumo -al menos en la actual situación- y tampoco fija medidas concretas. Fuentes comunitarias destacaron a OKDIARIO que desde la Comisión Europea se «intenta evitar al máximo dar recomendaciones muy concretas porque el enfoque y las posibilidades en los países miembros pueden ser muy diferentes para conseguir el objetivo común de ahorrar energía».

En el plan Ahorrar gas para un invierno seguro sólo indica que se puede ahorrar energía «bajando el termostato en un grado» por parte de los ciudadanos y «exigiendo calefacción más baja en edificios públicos, oficinas, edificios comerciales y espacios abiertos, como terrazas al aire libre, donde sea técnicamente factible y exigible». En este sentido, el plan destaca que «el papel de las autoridades públicas a la hora de predicar con el ejemplo es clave».