Puigdemont lanza la renta universal garantizada para comprar voluntades de cara al referéndum ilegal

El presidente catalán, Carles Puigdemont, quiere abonar el voto al referéndum con cargo al Presupuesto autonómico. El Diario Oficial de la Generalitat recoge ya este lunes dos de los puntales del Gobierno autonómico para servir de reclamo a esas pretensiones: el acceso a la sanidad universal para todos los empadronados en Cataluña y catalanes en el exterior, y la renta universal garantizada.

La ley de universalidad de la asistencia sanitaria quedó aprobada el pasado 15 de junio con los votos a favor de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, el PSC y la CUP, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

La iniciativa del Ejecutivo de Puigdemont garantiza el acceso directo al sistema sanitario para todos los empadronados –hasta el momento se exigían tres meses de carencia– además de quienes acrediten «arraigo» con la comunidad autónoma, según los criterios que se establecerán posteriormente vía reglamento. En definitiva, no caben exclusiones.

La ley recoge además la extensión de la asistencias sanitaria para los catalanes residentes en el exterior en sus estancias temporales en Cataluña. Un asunto ciertamente polémico, ya que, para recibir ese servicio, se exige su inscripción en un registro que, según la oposición, podría ser utilizado como censo encubierto el 1-O.

La tramitación urgente de la ley ha provocado las críticas de la oposición, que ve en la maniobra un claro interés partidista en vistas a la hipotética celebración del referéndum ilegal.

La Generalitat ha ‘vendido’ ese cambio legislativo en rebelión con el Real Decreto del PP, que excluyó a determinados colectivos de la prestación sanitaria, a excepción de la urgente. Y de hecho, el propio texto insiste en que aquellos que no tengan acceso a la asistencia del Sistema Nacional de Salud, sí tendrán asegurada su cobertura en el sistema catalán.

Por otro lado, la renta garantizada salió adelante el pasado 12 de julio por acuerdo de los grupos y después de un complejo proceso de negociación de la Generalitat con los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular. De hecho, el gobierno autonómico dilató durante meses esas conversaciones -que finalmente se cerraron en un acuerdo en mayo- lo que ha sido criticado también por la oposición por sus ritmos oportunistas.

La renta supone una ayuda de 564 euros mensuales, la cual aumentará paulatinamente hasta alcanzar los 664 en 2020, y entrará en vigor a partir del 15 de septiembre, esto es, quince días antes del 1-O.

Se considera que el nuevo subsidio llegará a 29.000 personas que cumplan los requisitos. Esto es, mayores de 23 años, residentes en Cataluña durante al menos dos años, que no tengan  patrimonio más allá de la primera residencia y que hayan agotado todas las prestaciones posibles.

El Ejecutivo de Puigdemont acelera así la tramitación de dos leyes clave para servir de reclamo de los colectivo más desfavorecidos, de cara al referéndum.

Algo que no deja de resultar inédito, teniendo en cuenta que, desde el inicio de su mandato, en 2015, el Ejecutivo catalán se ha destacado por una escasa actividad legislativa, al margen de las leyes propiamente relacionadas con la celebración del referéndum.

Precisamente, esta misma semana, el pleno del Parlament votará-y aprobará con los votos de Junts pel Sí y la CUP-la reforma del reglamento para aprobar por lectura única las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. El PP ya ha anunciado que llevará esa reforma al Tribunal Constitucional.