El rector de la Universidad de Cantabria denuncia «chantaje y amenazas» tras las informaciones de OKDIARIO
El rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, ha denunciado que la institución académica está siendo sometida desde hace tres semanas a una campaña de "chantaje y amenazas" que se inició con el envió de un escrito anónimo al máximo representante de la Universidad, y que ya está siendo investigado por la policía y los tribunales.
En ese anónimo, que también recibió la Fiscalía y el comisario de Policía, se informaba de nuevo de la posible falsificación de firmas de los integrantes de un tribunal de contratación de la UC y se instaba al rector a investigar «la larga lista de delitos que se desprenden de esos hechos» y, de no ser así, amenaza con que «las filtraciones perdurarán en el tiempo y alcanzarán a personalidades que hasta el momento se creen inviolables».
Además, en el escrito, del que Pazos ha leído varias partes ante los medios de comunicación esta tarde, se señalaba también que esto, en referencia al caso de las supuestas firmas falsas, «solo es la punta del iceberg» y aconsejaba al rector a «revisar hasta el último centímetro cuadrado» de la Universidad porque «hay instalados micrófonos que han recopilado horas de grabación en las que se escuchan conversaciones que, de ver la luz, el prestigio de la Universidad de Cantabria se iría al garete».
Aunque hasta el momento el rector no había hecho pública esta situación «de máxima gravedad», esta tarde ha comparecido acompañado de los vicerrectores de Ordenación Académica y Profesorado, Ernesto Anabitarte, y de Doctorado y Relaciones Institucionales, Alberto Ruiz, porque «el chantaje está en marcha» tras la publicación este lunes en OKDIARIO que el propio rector reconocía que las plazas de profesor están amañadas.
Pazos ha relatado que recibió el anónimo el 24 de diciembre, ya que había sido remitido a su antiguo domicilio y no en el que reside en la actualidad, y ese mismo día acudió a la Policía, ante la cual formalizó la denuncia el día 26, tras lo que se ha puesto en marcha una investigación tanto policial como judicial.
El rector ha señalado que ese anónimo le instaba a investigar el supuesto caso de las firmas falsas en un tribunal de contratación de la UC, del que formaron parte en 2012 el decano de la Facultad de Económicas, Pablo Coto; el profesor Manuel Agüeros; y el director del Máster en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales y secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares.
Pazos ha recordado que el mismo día 11 de diciembre en que se denunciaron esas presuntas irregularidades se inició en la Universidad, a instancias de él, un expediente de información reservadas para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades derivadas de los mismos, investigación que sigue en marcha.
En su comparecencia, en la que ha estado acompañado de casi la totalidad del Consejo de Gobierno de la UC, ha cuestionado que el anónimo se enviase después de iniciada esa investigación administrativa, que continúa abierta y en la que, ha dicho, «llegaremos hasta el final» salvo que los tribunales reabran el caso y tomen la decisión de obligar a la UC a suspender el procedimiento.
Llegado ese caso, ha avanzado que la Universidad valoraría la posibilidad de personarse en la causa. «La voluntad de la Universidad es la misma desde el primer día y no se ve modulada ni en un sentido ni en otro por ningún tipo de chantaje ni amenaza», ha apostillado el rector.
Audios «editados y cortados»
Aunque hasta ahora Pazos ha procedido con denuncias a la Policía y continuando con la investigación interna para «evitar el impacto en la institución», este lunes ha decidido hacer público ante la sociedad cántabra este proceso de «chantaje y amenazas» una vez que se empieza a materializar «como decía el anónimo» al publicarse unos audios «editados y convenientemente cortados».
En esos audios, el rector ha asegurado que lo que manifiesta «precisamente es el malestar por las presiones que a veces pueden suceder en ciertas dotaciones de plazas y mi decisión de no tolerarlo, de ir contra ello e incluso de meterle mano como se produzca», pero esas frases han sido «convenientemente» editadas.
La grabación, según ha asegurado, corresponde a una reunión que mantuvo, a los tres meses de acceder al cargo de rector, en julio de 2016, con el comité de empresa de personal docente y laboral para abordar, precisamente, la preocupación de este colectivo por el posible «endurecimiento de los procesos de adjudicación de plazas» por parte de su equipo rectoral.
«Me sorprende que, si a alguien le preocupa la pureza del mecanismo de dotación de plazas, saque en enero de 2019 un audio de junio de 2016. Es un poco difícil creer en esa voluntad de denuncia», ha dicho Pazos, que ha defendido las medidas tomadas desde su toma de posesión para evitar recomendaciones de los departamentos cuando se convocan plazas.
Desde que el citado medio digital comenzó a publicar informaciones sobre la UC, Pazos ha revelado que se ha reunido con los principales líderes políticos de Cantabria para trasladarles «mi voluntad absolutamente inflexible de llegar hasta el final si es que ha habido alguna irregularidad» como la de las firmas falsas y «mi voluntad de no dejarme amedrentar en absoluto por ningún tipo de presión ni de chantaje».
«Lo que me preocupa como rector es que se ponga en riesgo a la Universidad de Cantabria, que se ponga en duda con estas maniobras», ha enfatizado y, por ello, ha reiterado su «voluntad de no tolerar ninguna irregularidad» pero ha advertido que no se plegará ante el «chantaje» al que se está tratando de someter a la institución académica y a él mismo.
Preguntado sobre los dispositivos de grabación que puede haber ocultos, Pazos ha señalado que la Policía está «investigando activamente» y, por tanto, no ha querido decir más para no interferir. «No sé lo que va a pasar, ahí prefiero ser cauto», ha añadido.
Sobre el hecho de que el profesor Manuel Agüeros figure tanto en el caso de las posibles firmas falsas como en el de las grabaciones ahora publicadas, el rector ha indicado que no se ha comunicado con él porque, una vez abierta la información reservada, no puede reunirse ni comunicar con los supuestos implicados para salvaguardar la «imparcialidad» en el proceso porque él lo tendrá que resolver cuando finalice.
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