La querella contra el jefe de Puertos imputado revela que permitió introducir mercancías con firma falsa

La querella que ha dado lugar a la imputación del nuevo jefe de Explotación de Puertos del Estado, Pedro García Navarro, revela que permitió la entrada de contenedores y mercancías a España suplantando la firma de una trabajadora que estaba de baja. El documento consultado por OKDIARIO expone a lo largo de 20 páginas que se firmaron declaraciones aduaneras y fiscales ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) con la firma de una empleada declarada en situación de incapacidad temporal desde marzo de 2023. El Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao ha admitido a trámite esta querella y ya investiga al nuevo jefe de Puertos del Estado por un presunto delito de falsedad documental.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó el pasado mes de agosto al que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por su vinculación con el caso Koldo. Cuatro meses más tarde, el pasado 1 de diciembre, ha sido colocado en uno de los puestos de alta dirección Pedro García Navarro, que tiene abierto un proceso penal en los tribunales por utilizar firmas falsas en contratos de mercancías operados por la empresa de logística Bergé, que él dirigía antes de llegar a Puertos del Estado. Según se expone en la querella en poder de OKDIARIO, distintos trabajadores de Berge y el propio Pedro García utilizaron la firma de la que fuera su representante aduanera.

La trabajadora denunció estos hechos ante los tribunales y asegura que se ha utilizado de forma ilícita su firma a través de su certificado digital de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT). Cifran en más de 200.000 los usos de su firma electrónica, sólo ante la AEAT, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 28 de junio de 2023. «Además de lo anterior, se ha seguido utilizando el nombre y la firma de la actora para emitir documentos de naturaleza laboral como representante de la empresa», expone la querella.

El uso de esta firma ha permitido presentar documentos con relevancia aduanera, fiscal, sanitaria, de transportes y laboral sin el debido control. La querella explica que ha supuesto «la entrada en España de miles de contenedores y mercancía con alimentos (con riesgos de contaminación), de medicamentos (con riesgo de incumplimiento de disposiciones de la Agencia del Medicamento), de productos siderúrgicos, gas, hidrocarburos… y otros sometidos a contingentes arancelarios y medidas de salvaguarda de la Unión Europea, como las sanciones a productos originarios de Rusia, Impuestos Especiales, declaraciones de emisiones de carbono y declaraciones de valor de los bienes con relevancia aduanera y tributaria».

Falsedad de documentos

La querella también expone que se ha llegado a utilizar la firma de la trabajadora de baja en documentos públicos oficiales. En concreto, en una declaración responsable y en un certificado de honorabilidad que fue presentado ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana.

La empleada no tuvo ni aviso, ni notificación de que iba a presentarse esta documentación en el ministerio. «No hay mayor dislate e irresponsabilidad que firmar una declaración responsable con abuso de firma o un certificado de honorabilidad sin conocimiento de la afectada», expone su defensa en la querella.

Y matiza: «Tanto la declaración responsable como el certificado de honorabilidad eran necesarios para la renovación de la tarjeta de Operador de Transporte, que permite a la sociedad ejercer la actividad de Operador de Transporte para la contratación de servicios anexos a la Representación Aduanera y para la cual es necesario tener en nómina de la sociedad una persona física con la titulación correspondiente como Gestor de Transporte, con contrato indefinido y poderes generales que ejerza el control efectivo de la sociedad».

Los hechos se han denunciado ante la Administración de la Aduana y ante el Ministerio de Transportes a la vista de que son documentos oficiales con relevancia tributaria y aduanera que se presentan a la administración consignando datos y autoliquidando impuestos cuya falsedad o inexactitud pueden generar graves responsabilidades personales e incluso penales.

Por el momento, sólo los tribunales han abierto una investigación y ya han tomado declaración al nuevo jefe de Puertos del Estado que permanece investigado —lo que antes se conocía como imputado— en la causa. Durante el mes de enero también declararán como testigos otros trabajadores de Berge que tenían conocimiento del asunto.