Pumpido impone al Constitucional que decida sobre la amnistía sin esperar a la Justicia europea

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado la petición de tres magistrados de un debate específico sobre plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía antes de resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular.

Mediante un acuerdo formal tras consultar con la vicepresidenta y ponente del caso, Inmaculada Montalbán, Pumpido ha impuesto la decisión de que la Corte de Garantías española resuelva sobre la constitucionalidad de la norma sin esperar a conocer el criterio europeo.

El acuerdo, consultado por OKDIARIO, tumba la petición de los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, quienes habían solicitado específicamente que se debatiera primero la necesidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE. Esta petición buscaba que el Constitucional consultara al tribunal europeo si la controvertida ley, aprobada tras meses de negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, es compatible con el Derecho comunitario antes de pronunciarse sobre su encaje en la Carta Magna española.

El texto del acuerdo es contundente al explicar que «no se estima procedente el señalamiento prematuro del referido debate, separado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario del Partido Popular». Esta decisión marca el ritmo y la estrategia que seguirá el Constitucional en uno de los asuntos más polémicos de las últimas legislaturas.

Pumpido rechaza también la petición subsidiaria de los tres magistrados, quienes solicitaban que al menos se suspendiera la «deliberación, votación y fallo del referido recurso mientras no se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE por diversos órganos de la jurisdicción ordinaria».

Varios tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo a través de su Sala Segunda, ya han elevado preguntas al Constitucional sobre la legalidad de la Ley de Amnistía aprobada para borrar delitos relacionados con el proceso independentista catalán.

El presidente del Constitucional ha justificado su negativa argumentando que «la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el Tribunal es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica». Con esta afirmación, Pumpido subraya la autonomía del Constitucional respecto a otros tribunales cuando se trata de interpretar la Constitución española.

La controversia se produce en un momento de tensión institucional brutal entre diferentes órganos judiciales. Por un lado, el Supremo mantiene su posición de que varios delitos relacionados con el procés catalán, especialmente la malversación, podrían no estar incluidos dentro del ámbito de aplicación de la amnistía según su interpretación de la legislación española y europea. Por otro lado, el Gobierno y sus socios parlamentarios defienden que la Ley de Amnistía debe aplicarse en su integridad por ser constitucional.

Este enfrentamiento entre diferentes instancias judiciales tiene su origen en los acuerdos entre el PSOE con partidos independentistas catalanes tras las elecciones generales de julio de 2023. La amnistía, que beneficia a cientos de procesados por el procés independentista se ha convertido en un importante debate jurídico-político de la legislatura.

El acuerdo de Conde-Pumpido deja abierta una puerta al señalar que todo lo decidido es «sin perjuicio de que en el curso de la deliberación del proyecto de resolución del recurso se formulen las manifestaciones y proposiciones que los magistrados estimen procedentes». Es decir, cuando el pleno aborde finalmente el recurso contra la Ley de Amnistía, los magistrados discrepantes podrán volver a plantear la cuestión prejudicial durante la deliberación.

La decisión busca evitar dilaciones en un asunto de relevancia política. Si el Constitucional accediera a plantear una cuestión prejudicial al TJUE, la resolución podría demorarse considerablemente, tiempo durante el cual la aplicación de la Ley de Amnistía quedaría en una situación de incertidumbre jurídica. Pumpido anunció que quiere resolver la cuestión antes de las vacaciones de verano y el TJUE planea una vista pública en verano por lo que tardaría más en resolver.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP cuestiona la totalidad de la Ley de Amnistía por considerar que vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la separación de poderes o la prohibición de indultos generales recogida en la Constitución. A este recurso se suma también el presentado por Vox.

Tanto la ponente del caso, Inmaculada Montalbán, como el presidente Conde-Pumpido forman parte del sector afín al Gobierno de Pedro Sánchez del Tribunal Constitucional, que actualmente cuenta con una mayoría de siete magistrados frente a los cinco del sector contrario.

Mientras los pasillos del Tribunal Constitucional se convierten en escenario de esta batalla jurídica, en Cataluña y en extranjero los principales beneficiarios de la amnistía aguardan impacientes. La decisión de Conde-Pumpido acelera los tiempos, pero no despeja la incertidumbre.