INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Junts logró que el documento firmado junto al PSOE recoja el reconocimiento de Cataluña como «nación»

Puigdemont ha advertido a Sánchez y al PSOE que "sin acuerdos, sin cumplimiento, la legislatura no tiene recorrido alguno"

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Joan Guirado

Puigdemont puso como condición obligatoria para cerrar un acuerdo con Pedro Sánchez que se reconociera a Cataluña como nación, exigiendo que ese fuera uno de los ejes sobre el que pivotase el pacto, y el ex president de la Generalitat se ha salido con la suya de forma nítida. Ya en el primer punto del documento firmado por PSOE y Junts se subraya que la sociedad catalana busca «el reconocimiento de Cataluña como nación», y como método para lograrlo, se especifica la forma, refiriéndose a cómo lograr ese reconocimiento nacional. El texto explicita que «el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue […] del autogobierno de Cataluña». Volviendo al primer punto, el documento deja claro que ese Estatut es el que «buscaba el reconocimiento de Cataluña como nación». Es decir, que el pacto satisface esa exigencia de Puigdemont al PSOE.

Por esta razón, el propio Puigdemont ha celebrado que «entramos en una etapa inédita que hay que saber explotar». El líder moral de Junts, que ha sido el responsable de dirigir la negociación en nombre de su partido, «la ambición de esta nueva etapa dependerá de nosotros». Todo tras asegurar que «la convivencia política con España se ha llegado a hacer insostenible» y admitir «la desconfianza que nos tenemos» con los socialistas».

Puigdemont ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, que «no nos hemos fijado otro límite que el de la voluntad del pueblo de Cataluña por la voluntad que le representa: el Parlament». Según él «nadie más que el Parlament puede representar al pueblo de Cataluña». El ex president de la Generalitat ha advertido a sus nuevos socios parlamentarios que «cuando el Parlament habla, declara y aprueba, es el pueblo de Cataluña el que habla, declara y aprueba y no el partido ganador de unas elecciones y aún menos el de unas elecciones españolas».

Desde Junts reiteran que «los únicos límites los pone el Parlament, nadie más» y celebran que «la Ley de Amnistía tiene la voluntad compartida de no dejar atrás a nadie que haya sido perseguido por la mera contribución de haber defendido el procés». Una posibilidad que será posible según Puigdemont gracias a la inclusión del término ‘lawfare’ en el acuerdo con el PSOE. Esta era una reivindicación de Junts para dejar en evidencia el sistema judicial español que, según ellos, judicaliza la política.

Respecto a esa medida de alivio penal, Puigdemont ha explicado que «la Ley de Amnistía no puede excluir a las víctimas de la guerra sucia que el Estado español tiene con algunas personas desde hace años». En este capítulo se centra el olvido a los delitos perpetrados por la presidenta de Junts, Laura Borràs, el abogado del euro diputado Gonzalo Boye y su jefe de gabinete Josep Lluís Alay.

Carles Puigdemont defiende que «las víctimas tenemos derecho a saber la verdad y a reparar la injusticia, en las comisiones que se crearán en el Congreso». El ex president de la Generalitat y euro diputado juntero ha celebrado que «reconocer el problema real era una condición indispensable» para abrir «un proceso de negociación como el que ahora nos disponemos a abrir». La foto pública del número tres del PSOE Santos Cerdán con él, hace una semana, fue clave.

El acuerdo determina también que el Partido Socialista y Junts se han comprometido a dar estabilidad a la legislatura. Algo a lo que se ha referido el secretario de Organización, Santos Cerdán, durante su comparecencia. Pero Puigdemont, en su intervención ante los medios de comunicación, ha advertido a Sánchez que «sin acuerdos, sin cumplimiento, la legislatura no tiene recorrido alguno». Un aviso para que los socialistas tengan claro que Junts tiene intención de seguir reclamando más, a lo largo de los próximos cuatro años, para garantizar la tranquilidad al futuro presidente del Gobierno a lo largo del mandato.

 

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