El PSOE viola en Navarra la ley anticorrupción y mantiene el Gobierno con un consejero del PNV imputado

El PSOE se encuentra en estos momentos en medio de un enorme dilema en Navarra. El consejero y hombre fuerte den PNV, Manuel Ayerdi, acaba de ser imputado por el Tribunal Supremo. La acusación se centra en corrupción y malversación. Una reciente ley foral de 2018 exige que el consejero imputado salga del Gobierno de inmediato. Pero Ayerdi es el hombre fuerte que soporta las relaciones entre el PSOE-PSN de la presidenta regional María Chivite y el PNV, alma de Geroa Bai. Resultado: en estos momentos el PSOE-PSN viola esa ley al no expulsar de inmediato a Manuel Ayerdi del Ejecutivo foral.

Todo pasa en estos momentos por el artículo 68 de la Ley Foral aprobado en 2018. Una norma que sacó adelante el propio Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai). Ese artículo regula con claridad la incompatibilidad del puesto de consejero con la imputación por un caso de corrupción. Y Manuel Ayerdi está investigado por corrupción.

La respuesta del Gobierno de Navarra y de su presidenta, sin embargo, disiente de este punto y señala que sólo «si el Tribunal Supremo considera como investigado a Manu Ayerdi por el asunto referido a la empresa Davalor, dejará de ser consejero del Gobierno de Navarra».

Su extraña aplicación e interpretación de la ley se apoya en afirmar que «hay que recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en auto de fecha de 1 de diciembre de 2020, recaída en el procedimiento de la causa especial número 20346/2020, ha acordado declararse competente para la instrucción, y en su caso, el enjuiciamiento del consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, así como abrir el procedimiento designando instructor».

Pero, según Chivite, «este auto no declara todavía la admisibilidad de la querella y la consiguiente declaración de Ayerdi, esperando a que el instructor realice su labor para tomar una decisión». Y, por eso, se considera con capacidad para mantener a Manuel Ayerdi dentro del Gobierno.

Navarra Suma (partido que engloba a UPN, PP y Cs) no ha tardado en recordar este punto: Ayerdi es en estos momentos un investigado por corrupción y el Ejecutivo socialseparatista está violando la ley al mantenerlo en su sillón de consejero.

La citada ley señala lo siguiente: «En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones».

Ayerdi está investigado por malversación, un delito recogido en el Título XIX (delitos contra la Administración Pública), Capítulo VII (de la malversación), artículos 432 a 435 bis del Código Penal. Es decir, justo de los que exigen la salida del Ejecutivo navarro.

Se trata de un nuevo escándalo del PNV. Tras la sentencia del caso De Miguel -número dos del PNV en Álava-, ha llegado esta imputación y no contra un cualquiera: Ayerdi es el principal bastión de este partido en la Comunidad Foral.

Ayerdi, de hecho, lleva tiempo siendo la esencia del PNV en Navarra: fue vicepresidente del anterior Gobierno de Navarra -con Uxue Barcos como presidenta con el apoyo del PSOE-PSN- y ahora, con la socialista María Chivite como presidenta autonómica, es consejero de Desarrollo Económico y Empresarial.

El auto del Supremo al que ha tenido acceso OKDIARIO destaca la apertura de la causa para investigar al consejero por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre los años 2015 y 2017.

El Supremo, competente

El Tribunal Supremo se declara competente para asumir la causa, recuerda que se trata de una persona aforada y dispone la apertura de un procedimiento contra él, designando instructor a Andrés Palomo del Arco.

La querella se refiere a la etapa en la que Ayerdi era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), un periodo en el que concedió en septiembre de 2015 a Davalor un préstamo de un millón de euros.

Según la querella, todo ello se hizo sin respetar los sistemas de control interno pese a que debía haberse conocido que la empresa en cuestión no reunía las condiciones establecidas para la concesión del dinero y que, de hecho, la sociedad estaba ya por aquellas fechas en situación de insolvencia.
Pero el problema supera al meramente penal. Y es que el Gobierno socialista de María Chivite se apoya en un complejo engranaje de alianzas con separatistas, comunistas y proetarras. En ese escenario, Ayerdi no es un cualquiera. El PSOE-PSN mantiene pactos de Gobierno con Geroa Bai (estructura controlada por PNV) y con Podemos. Y una alianza de apoyo decisivo con Bildu.

El hombre fuerte del PNV en Navarra es, de hecho, el ahora imputado Ayerdi. Y eso hace que su futuro pueda ser decisivo para el comportamiento del Ejecutivo foral. Porque si Chivite -persona de confianza directa de Pedro Sánchez en Navarra- aprieta las tuercas y exige el cumplimiento de los mismos baremas anticorrupción que los socialistas han reclamado al resto de partidos -especialmente al PP-, el Ejecutivo navarro podría saltar por los aires. Y, en estos momentos, el principal reto de Sánchez es el mantenimiento de todos y cada uno de los pactos con los separatistas para poder mantenerse en el poder.

La respuesta de Chivite ha sido coherente con semejante dilema, pero inadmisible a efectos legales: mirar al infinito. Cuando la ley le obliga a echar a Ayerdi del Gobierno.