El PSOE retocará la amnistía para blindar a Puigdemont si Junts firma su apoyo a los Presupuestos

Ginebra volverá a ser en los próximos días la sede de una nueva reunión entre el PSOE y Junts, con presencia del mediador internacional, y con la exigencia de los separatistas de renegociar el acuerdo de Bruselas y posibles movimientos en torno a la Ley de Amnistía para blindar a Carles Puigdemont. Cualquier gesto del PSOE hacia Junts con la amnistía tendrá que llevar asociado el compromiso del partido catalán por escrito de apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

Respecto a la norma aprobada el 30 de mayo en el Congreso, se podrían hacer modificaciones, mediante el añadido de alguna disposición adicional y probablemente utilizando la fórmula del ómnibus, aunque ello supondría admitir que la norma no estaba bien redactada. Pero también, como reclama Junts, ir por la vía directa de presentar una querella contra los jueces que han decidido no aplicarla a través de la Fiscalía. Nada de ello gusta en Moncloa, donde consideran que «el legislador ya hizo su trabajo». No obstante admiten que «habrá que hacer algún tipo de gesto y movimiento para no perder el apoyo de Junts».

Con el inicio del nuevo curso político, los negociadores del PSOE trabajan a contrarreloj par ver como pueden complacer a Junts con el tema de la amnistía al menor coste posible. En todo caso en Ferraz, de cara a esta próxima reunión de la mesa de negociación, que según distintas fuentes podría celebrarse este mismo fin de semana en Suiza, subrayan que «cualquier tipo de acuerdo alrededor de la amnistía tendrá que ser con un compromiso por escrito por parte de Junts de apoyar los Presupuestos».

En el PSOE hablan de buscar «alguna fórmula imaginativa» para «sortear las trabas del Tribunal Supremo» con la aplicación de la amnistía. Todo con el fin de allanar la relación con Junts, muy deteriorada desde el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, que mandó a la oposición a Carles Puigdemont. Los socialistas son conscientes de que la viabilidad de la legislatura, con la primera meta volante de la aprobación de los Presupuestos, pasa por rehacer los puentes con JxCat.

A finales de julio los de Puigdemont ya dieron un aviso al Ejecutivo, tumbando el techo de gasto, primer paso para aprobar las cuentas públicas, y no descarta dejar caer también el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. De hecho los junteros siempre han defendido, en contra de lo que ha dicho Moncloa, que el acuerdo de Bruselas únicamente incluía la investidura. No el apoyo a las cuentas públicas.

En las últimas semanas, tras las múltiples negativas de varios jueces a aplicar la amnistía en distintos casos, con el de Puigdemont como el más relevante, el Gobierno ha sobrepasado ciertas líneas rojas para cargar directamente contra los magistrados. La propia portavoz gubernamental, Pilar Alegría, afirmó en la mesa del Consejo de Ministros que «lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley». También el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que dijo que «la ley de amnistía es muy clara», afirmó que el Ejecutivo discrepaba «con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo». Intercediendo directamente en las decisiones de los tribunales.

Sea como sea, el tiempo apremia a los socialistas si no quieren sufrir la peor derrota electoral que puede vivir cualquier Gobierno. El rechazo a los Presupuestos. El próximo martes el Consejo de Ministros volverá a aprobar el techo de gasto, que en su día rechazó Puigdemont, y lo llevará previsiblemente antes de acabar el mes de septiembre al pleno del Congreso. Ahí, los negociadores del PSOE ya tendrán que tener muy avanzado el acuerdo con Junts con sus nuevas exigencias. Pues si los junteros vuelven a rechazar el techo de gasto en esta segunda votación, la probabilidad de aprobar las cuentas públicas para 2025 se reduce a prácticamente cero. Y aunque Pedro Sánchez tiene la posibilidad de prorrogar los actuales, la legislatura quedaría en vía muerta.

Que la Fiscalía denuncie a los jueces

En paralelo a la exploración de las vías legislativas que permitan afianzar el retorno de Puigdemont sin necesidad de esperar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que enmiende al Supremo, Junts exigirá también a los socialistas que utilicen todas las herramientas a su alcance, como la Fiscalía General del Estado, para actuar contra los jueces. Una petición controvertida que, de ser aceptada por parte del PSOE como «gesto» hacia el partido de Puigdemont, evidenciaría el uso torticero del Ministerio Público para sus intereses partidistas.

Los junteros creen que la Fiscalía debería querellarse contra los magistrados del Tribunal Supremo «por no aplicar la ley de amnistía y por sus retrasos con los recursos presentados por las defensas contra la decisión de no exonerar el delito de malversación». Aunque esta es una solución fácil para Sánchez, la interposición de estas denuncias podría desatar una crisis sin precedentes entre el poder ejecutivo y el judicial. Cabe recordar que hace unas semanas la propia Presidencia del Gobierno se querelló contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga los supuestos negocios de su mujer, por haber tomado declaración presencial como testigo al presidente.