El PSOE rechaza crear un cuerpo de inspectores para proteger el español en las aulas de Cataluña

El Partido Socialista ha rechazado este martes una proposición de ley del Partido Popular para crear un cuerpo de Alta Inspección que, entre otras funciones, asegure que en las aulas de Cataluña se imparta español. La Generalitat maniobra actualmente para no acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de las horas en español en los centros educativos.

En su iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular recoge, específicamente, que este cuerpo de inspectores debe «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado».

Asimismo, otra de sus funciones será «garantizar la neutralidad ideológica de los centros docentes para asegurar los principios y normas constitucionales con el objetivo de presentar a los centros educativos como lugares de aprendizaje libres de adoctrinamiento».

La Alta Inspección Educativa está regulada actualmente en la Ley Orgánica de Educación, de 2002. Sin embargo, los populares denuncian que «la experiencia de todos estos años demuestra un funcionamiento muy insatisfactorio de este órgano del Estado, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones encomendadas al Estado, máxime cuando el sistema educativo se hace cada vez más complejo tanto por los cambios sociales como por su proceso de integración en Europa».

No en vano, el propio Gobierno se ha remitido en numerosas ocasiones a la incapacidad de la Alta Inspección para vigilar el cumplimiento de las sentencias que obligan a impartir las clases en español, alegando que, según la distribución de «competencias», dicha misión corresponde a las administraciones autonómicas.

Ultimátum

La semana pasada, el TSJC dio un ultimátum a la Generalitat separatista para que, en un plazo de 15 días, acate la sentencia que obliga a que al menos el 25% de las horas de clase se impartan en español requiriendo además a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento del fallo en el sistema educativo catalán.

Desde el Gobierno, en cambio, se ha admitido que los inspectores no entrarán en los centros educativos catalanes -más de 5.400- para vigilar que se cumpla la sentencia, como avanzó OKDIARIO.

El PP defiende asimismo en su iniciativa que los funcionarios de la Alta Inspección «gozarán de la consideración de autoridad pública a todos los efectos». Este cuerpo «podrá actuar de oficio, conforme a los planes de inspección establecidos, o por denuncia de particulares por presuntas infracciones».