El PSOE quiere instrucciones judiciales sin límite para exprimir en los medios los casos de corrupción del PP

David Marjaliza
David Marjaliza en el primer juicio de la trama Púnica.
Carlos Cuesta

Pedro Sánchez quiere utilizar los casos como Púnica a modo de rodillo mediático contra el Partido Popular (PP). Entre las promesas que ha trasladado ya a sus posibles futuros aliados de Gobierno se encuentra la de permitir y regular instrucciones judiciales sin ningún tipo de límite temporal. De ese modo, cualquier nuevo informe policial o diligencia solicitada por la Fiscalía o acusación popular podría dilatar en el tiempo la sombra de culpabilidad contra los imputados. Todo un aliciente político para golpear mediáticamente al principal partido de la oposición.

El plan del PSOE pasa por derogar la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción “por ser una limitación para la lucha contra la corrupción política”, según su propia argumentación.

Los socialistas pretenden de ese modo acabar con una de las reformas del Partido Popular aprobada en el año 2015. En aquel momento, se tramitó una reforma penal que afectó a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y se hizo para que el artículo 324 de la citada ley regulase la limitación temporal de la fase de instrucción.

En aquella reforma se reguló, por medio de la Ley 41/2015 y tal y como plasma su preámbulo, “la agilización de la justicia penal” por medio de distintos preceptos. Gracias a ello, se establecían plazos de instrucción fijos dependiendo de la complejidad o simplicidad del caso. Así, se diferenciaba entre las diligencias sencillas o no complejas (“diligencias de instrucción”, en general), art. 324.1, y “las causas complejas”, art. 324.2.

En las primeras –causas no complejas-, las diligencias de instrucción se deben practicar en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Eso sí, la norma prevé la posibilidad de que, por circunstancias sobrevenidas, a instancia del Fiscal, previa audiencia de las partes, y antes de la expiración de aquel plazo, el Juzgado pueda declarar la complejidad de la instrucción y acordar su prórroga mediante Auto.

Causas complejas

Con respecto a las causas complejas se prevé un plazo de investigación de 18 meses; el propio apartado 2 del precepto describe cuando cabe hablar de “complejidad” de la instrucción; en los casos en que: recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de investigados o víctimas; exija la realización de pruebas periciales o colaboraciones solicitadas por el Juzgado que supongan el examen de abundante documentación o análisis complicados; precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas; o que se trate de un delito de terrorismo.

Y para estas causas complejas, el Juzgado puede acordar prórrogas hasta llegar a un plazo total máximo de instrucción de 36 meses.

Ahora los socialistas quieren que esos plazos pasen a la historia. Y que, por lo tanto, casos como Púnica, en el que están citados como imputados Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, puedan tener instrucciones sin límite temporal.

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