El PSOE pidió hace 19 días a la UE controles para evitar estados de alarma tan largos como el de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez está presionando a sus socios y a la oposición para que el Congreso de los Diputados dé luz verde a un estado de alarma prorrogado durante los próximos seis meses. Propone que, en vez de prórrogas votadas por los diputados cada 15 días, sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien simplemente informe a la Cámara de las novedades de este instrumento legal para situaciones de crisis.

Esa falta de control parlamentario es precisamente sobre la que alertó en un escrito presentado a la Comisión Europea el eurodiputado y ex ministro del PSOE Juan Fernando López Aguilar hace sólo dos semanas. Exigía, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que él mismo preside, un mayor control sobre «el impacto de las medidas relacionadas con el Covid-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales». Y citaba textualmente que las medidas de emergencia deben ser «temporales» porque «afectan a los controles y equilibrios democráticos» de los países que las toman.

El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves la propuesta de un estado de alarma de 6 meses hecha por Pedro Sánchez. Ese plazo, que triplica la duración máxima (dos meses) que tiene por ley el estado de excepción, ha levantado suspicacias entre analistas jurídicos, miembros de la judicatura, partidos de la oposición e incluso formaciones políticas de izquierda que actúan hoy en día como socios de Sánchez en la Cámara Baja. Pero también entre la Unión Europea, que ha dado un toque de atención a gobiernos como el de Viktor Orban, en Hungría, por plantear un estado de alarma indefinido.

El pasado 6 de octubre, tan sólo el eurodiputado socialista López Aguilar presentó en Bruselas -en nombre de la Comisión de Libertades- una pregunta por escrito exigiendo a la UE que explique cómo va a asegurarse de que las medidas de emergencia que recortan derechos civiles fundamentales sean de carácter temporal, proporcionales y necesarias.

«Estas medidas confieren a menudo competencias de emergencia al poder ejecutivo, como puede estar justificado en estos tiempos de crisis. También repercuten en las libertades individuales y los derechos fundamentales y afectan a los controles y equilibrios democráticos», explicaba López Aguilar en su exposición ante la Comisión Europea.

«Temporales y necesarias»

Tal y como recordaba el socialista en el escrito, «esas medidas han de ser necesarias, proporcionadas y temporales. La mayoría de las medidas fueron adaptadas urgentemente a raíz de la primera oleada del virus en la UE».

«En este momento nos enfrentamos a una prolongada crisis de salud pública provocada por el virus (…) Ahora es fundamental supervisar, comparar y evaluar los diferentes enfoques adoptados, vistas sus repercusiones en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales», advertía el socialista.

Exigía, además, un «seguimiento de la situación, incluida una evaluación exhaustiva y sistemática de la situación en todos los Estados miembros que se haga pública» y se preguntaba si «en caso de que se considere que ciertas medidas no son necesarias, proporcionadas ni temporales ¿va a actuar la Comisión al objeto de que se respete el Derecho de la Unión?».

«¿Cómo contribuirá la Comisión a garantizar que las medidas excepcionales se suspendan cuando dejen de estar justificadas y que se garantice el pleno restablecimiento del respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales?», finalizaba. Cabe recordar en este punto que la situación epidemiológica de España de aquí a seis meses puede ser radicalmente diferente.

No se reformó la ley

La posición al respecto de Bruselas es clara. El pasado mayo exigió a los socios «medidas menos intrusivas» que un estado de alarma. Instrumentos legales que, durante los últimos meses, no han sido impulsados por el Gobierno.

De hecho, hasta los jueces españoles se lo han afeado al Gobierno de Sánchez, como ocurrió en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tumbó el confinamiento de Madrid. Decía, textualmente, que «resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual (…) resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación», en relación con el estado de alarma de Sánchez.

La UE ya alertó

Pedro Sánchez vuelve a desoír a la Unión Europea (UE) con la imposición de un estado de alarma de larga duración y que esquiva el control parlamentario. Bruselas avisó, meses atrás, que el uso de medidas excepcionales debería ser limitado e instó a los países miembros a renovar sus legislaciones, adaptando las leyes vigentes para hacer frente a los brotes sin necesidad de recurrir a este instrumento.

La advertencia la lanzó la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova, el pasado mayo. En pleno estado de alarma, Jourova avisó de que la salida del confinamiento debería llevar también a los gobiernos a «reemplazar» progresivamente los estados de alerta y excepción decretados por el coronavirus por medidas «menos intrusivas».