Los Presupuestos de Sánchez recogen un aumento de los terceros grados como el del asesino de Lardero

La conmoción por el crimen del pequeño Álex en Lardero (La Rioja), cuyo presunto asesino estaba en libertad condicional desde abril de 2020, ha vuelto a dejar en evidencia el afán del Ministerio del Interior por flexibilizar el cumplimiento de las penas de prisión. El departamento de Fernando Grande-Marlaska plasma esos objetivos en los propios Presupuestos Generales del Estado, ahora en tramitación parlamentaria. De acuerdo al detalle de las cuentas públicas, el número de penados en tercer grado ha ido aumentando en los últimos años pasando de un 16% (en relación al total de internos) presupuestado para 2021 al 17% el año que viene. En 2020, esa cifra era del 14,40%.

Los Presupuestos -como ocurría en anteriores ocasiones- dedican un apartado específico a las «penas y medidas alternativas» a la cárcel, donde se recoge el interés en que éstas se «potencien». Para ello, Interior ve necesario «un cambio en los modos tradicionales de gestión penitenciaria, históricamente centrada en el medio cerrado» hacia «un modelo que potencie y maximice la gestión y el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la prisión, libertad condicional, etc. por ser éstas las que conllevan un más alto grado de eficacia en la consecución de objetivos rehabilitadores».

En este contexto, el Gobierno añade que «la gestión de las medidas alternativas exige introducir nuevos modelos organizativos con intervenciones específicas», entre las que destaca «por su elevado número y por la trascendencia social de las mismas, los programas terapéuticos con la población condenada por delitos de violencia de género, agresores sexuales, drogodependencias o seguridad vial, entre otros». Se trata, no obstante, de un texto tipo que se repite en anteriores cuentas del Estado, como en las de 2018, luego prorrogadas.

Interior resalta «la importancia y eficacia de las medidas alternativas en la integración social» y señala que «las instancias judiciales así lo han entendido», destacando al respecto que «la evolución del número de sentencias, cada vez más numerosas reflejan esta realidad». Así, desde el Ministerio se presume de que las sentencias con medidas alternativas han pasado de 60.405 en 2008 a 117.965 en 2019. «Esta tendencia ya consolidada, se mantuvo incluso el año pasado, ya que aún siendo el 2020, un año singular por la situación sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, se gestionaron algo más de 100.000 resoluciones judiciales», destaca el Gobierno.

Más terceros grados

En el detalle de los Presupuestos se observa además la previsión de que se produzca un incremento en los presos en tratamiento extra-penitenciario, además de en permisos concedidos y salidas.

Sobre éstas, Interior defiende su utilidad como «preparación para la vida en libertad» y para «que el interno participe de los valores sociales y se evite el desarraigo que pudiera impedir su futura integración en el medio libre, así como estar presente en los acontecimientos familiares más importantes».

Sobre la libertad condicional, el Ministerio recoge que a finales del año 2020, se registraron más de 3.196 penados en esta situación y presume de que «la administración penitenciaria realiza el seguimiento de estas personas, habiéndose introducido desde el año 2017 el Programa de Verificación de Cumplimiento de la Libertad Condicional, que permite llevar a cabo controles “in situ” de las personas condenadas y contribuir así al mejor cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por la autoridad judicial».

Todas estas cuestiones se incluyen en el documento de Presupuestos Generales del Estado, que afrontan precisamente este miércoles su debate en el Congreso de los Diputados con las enmiendas a la totalidad.

Y ello, después de que el crimen de Lardero dejase en evidencia la actuación del Ministerio de Grande-Marlaska. El presunto autor del asesinato del pequeño Álex, Francisco Javier Almeida López de Castro, fue condenado a 7 años de prisión por una agresión sexual en 1993, pero ni siquiera estuvo dos años en la cárcel. Tras salir de prisión violó y asesinó a una agente inmobiliaria en agosto de 1998, unos hechos por los que fue condenado a 10 y 20 años respectivamente.

Cuando la pasada semana mató al niño, de 9 años, se encontraba en libertad condicional, que había conseguido en abril de 2020 pese a la oposición mayoritaria de la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso. La medida fue otorgada por Instituciones Penitenciarias por «buen comportamiento». 

Críticas desde las prisiones 

Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) consideran que «el modelo penitenciario está inerte, obsoleto e incluso moribundo».

«Lleva décadas en declive por culpa de una clase política que se ha olvidado de lo que para nosotros es un colectivo primordial para la seguridad, si bien es cierto que ese declive ha alcanzado su máximo esplendor con la llegada del actual Gobierno», critican y añaden que «quieren a los internos fuera de prisión, que disfruten de beneficios penitenciarios y penas sustitutivas de la cárcel».

«Han convertido nuestro sistema penitenciario en un alojamiento donde los derechos reinan y las obligaciones brillan por su ausencia», lamentan.

Advierten asimismo de que «no se dice nada de cientos de personas que son regresadas de grados, las que dan positivo tras el disfrute de un permiso o los que, durante los mismos, comenten un delito».

«La prisión está para ofrecer seguridad y que la sociedad viva más tranquila, ese es el objetivo principal. Después hay que intentar subsanar las carencias que llevaron a delinquir. Pero no nos engañemos. Muchas de esas personas quieren seguir delinquiendo o no tienen claro si quieren respetar las leyes. Y por ello deberían cumplir su pena de manera íntegra», concluyen.