Interior prevé un aumento de excarcelaciones de delincuentes «por buena conducta»

En su pronóstico, el departamento de Fernando Grande-Marlaska, anticipa en los Presupuestos un incremento de los «liberados con reglas de conducta» en cociente sobre el total de liberados. La previsión es notablemente superior a la de anteriores cuentas públicas.

El apartado sobre ‘penas y medidas alternativas’, uno de los objetivos de trabajo del Gobierno, apunta además a un incremento en el personal asignado,  así como de los «penados en programas de penas y medidas alternativas», que cifra en 33.000 en este año frente, por ejemplo, a los 25.000 de 2017, o los 32.000 de 2018. También se incrementan las «libertades condicionales como suspensión de condena», 2.000 frente a las 1.309 de hace dos años, o las 1.451 del año pasado.

Los datos se recogen en el Programa 133A, relativo a ‘Centros e Instituciones Penitenciarias’. 

En lo relativo a las penas alternativas, como trabajos en beneficio de la comunidad, se indica que su crecimiento exponencial derivado de algunas modificaciones legislativas, como en Seguridad Vial, requieren «de un tratamiento específico».

«Este objetivo lleva implícita la necesidad de un cambio en los modos tradicionales de gestión penitenciaria –históricamente centrada en el medio cerrado–, hacia un modelo que potencie y maximice la gestión y el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la prisión, libertad condicional, etc., por ser éstas las que conllevan un más alto grado de eficacia en la consecución de objetivos rehabilitadores», se sostiene en el borrador.

Se considera así que «la gestión de medidas alternativas exige introducir nuevos modelos organizativos con intervenciones específicas». «A este respecto es preciso destacar, por su elevado número y por la trascendencia social de las mismas, los programas terapéuticos con la población condenada por delitos de violencia de género, agresores sexuales, drogodependencias o seguridad vial, entre otros», añade Interior.

Entre los objetivos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se fija, por ejemplo, el desarrollo de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, el impulso y coordinación de las intervenciones de ONG´S para la colaboración en el cumplimiento y ejecución de penas y medidas alternativas o la creación de recursos y plazas para cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

En noviembre, la Secretaría presentó ante el Consejo de Europa los datos sobre las Penas y Medidas Alternativas que gestiona la Administración del Estado y que suponen ya más del doble que las penas privativas de libertad.

Según esas estadísticas, a 30 de septiembre del presente año, las personas ingresadas en centros penitenciarios de la Administración del Estado eran 50.600, mientras que los mandamientos judiciales sin privación de libertad gestionados hasta la misma fecha fueron más de 100.036.

La mayoría de ellos, 81.900, fueron Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) o tareas de utilidad pública, como labores auxiliares en la administración local o en fines sociales con alguna de las 8.100 ONG’s que colaboran con la administración penitenciaria.