El precedente que preocupa a Sánchez: la UE obligó a Rumanía a rectificar su rebaja de penas a corruptos

El Gobierno de Pedro Sánchez acelera en su plan para rebajar el delito de malversación y abolir el de sedición, tal y como le exigen sus socios independentistas de ERC -a quienes beneficia personalmente-. El plan de Moncloa, sin embargo, se ve con recelo entre las filas socialistas del Parlamento Europeo, donde temen que la Unión Europea se posicione frontalmente contra tocar el Código Penal para rebajar delitos relacionados con la corrupción. Y hay un precedente: Rumanía en 2017, que tras la oposición de la Comisión Europea tuvo que rectificar un plan similar redactado también a la carta para políticos corruptos afines al Gobierno socialista.

«Toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y contra la corrupción», defendía este lunes la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ante las preguntas sobre la rapidez que ha impreso el Gobierno a las reformas de la sedición y la malversación en el Código Penal. Las dudas que plantea este proyecto, diseñado a cuatro manos con el independentismo, ya comienzan a notarse de puertas para adentro en el PSOE. Además de los cinco históricos ex ministros socialistas que han firmado un manifiesto posicionándose en contra de la reforma, las reticencias también han llegado a Bruselas.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes del Parlamento Europeo, los eurodiputados socialistas españoles han comenzado ya a preparar el terreno para cuando les toque defender ante Bruselas una reforma del Código Penal que rebaja las penas a delitos de corrupción política. Una línea roja a la que la Comisión ya ha plantado cara en el pasado. El caso más significativo es el de Rumanía en 2017, cuyo plan de reforma de los delitos de corrupción para beneficiar a políticos afines al Gobierno se encontró con la oposición frontal de Bruselas. Hasta el punto que en Bucarest tuvieron que dar marcha atrás con la misma rapidez con la que emprendieron el proyecto legislativo.

Rumanía

El Gobierno socialista de Rumanía emprendió en 2017 una carrera reformista del Código Penal muy similar a la que está llevando a cabo actualmente el Ejecutivo de Sánchez. En febrero de ese año, y mediante un «decreto de emergencia», el Partido Socialdemócrata (PSD) aprobaba una rebaja de penas para ciertos delitos de corrupción. Entre otros, se despenalizaba aquellos delitos en los que el lucro del político infractor fuese menor de 44.000 euros, alegando que era una cifra más propia de una sanción administrativa que de algo punible penalmente. En aquel momento había políticos del más alto nivel del PSD procesados por delitos de corrupción cuya rebaja les beneficiaría directamente.

Al igual que ahora en España, aquella reforma se hizo a toda prisa y sin consultar con el poder judicial ni con otras instituciones del estado rumano. Se aprobó sin estar en la orden del día y por vía de decreto de emergencia. La decisión sacó a las calles de su capital a los rumanos, en las que se recuerdan como las mayores manifestaciones en el país desde la caída del comunismo en 1989. El Gobierno, utilizando un argumentario similar al que hoy esgrime Moncloa, defendió que «las leyes las hacen los legisladores» y que era algo «esencial en el respeto de la democracia». El Gobierno rumano respondió con desdén a las muestras de disensión interna que generó su rebaja penal a la corrupción. Sin embargo, todo cambió cuando entró en escena la Unión Europea.

Europa

Nada más conocer la reforma, la Comisión Europea advirtió públicamente a Rumanía que «la lucha contra la corrupción necesita avanzar, no dejar de hacerse». A partir de ese momento, la maquinaria de Bruselas se puso en funcionamiento y sólo cuatro días después el Gobierno rumano daba marcha atrás. Sin embargo, los socialistas rumanos siguieron coqueteando con reformas sobre los delitos de corrupción en los meses y años posteriores a aquel decreto de urgencia. En 2018, una resolución del Parlamento Europeo advertía que el organismo «está profundamente preocupado por la nueva redacción de la legislación relativa a la legislación judicial y penal rumana, en particular por su potencial para socavar estructuralmente la independencia del sistema judicial y la capacidad para luchar eficazmente contra la corrupción en Rumanía».

En la misma declaración se exigía «a las autoridades rumanas a contrarrestar cualquier medida que despenalice la corrupción en el cargo y a aplicar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción». Además, se instaba «al Parlamento y al Gobierno rumanos a aplicar plenamente todas las recomendaciones de la Comisión Europea, el Greco y la Comisión de Venecia, y a abstenerse de llevar a cabo reformas que puedan poner en peligro el respeto del Estado de derecho».