El PP se querella contra el fiscal general de Sánchez por «prevaricar» en el ascenso de Dolores Delgado

El PP ha decidido presentar una querella ante la Sala Penal del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, renovado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, por la comisión de un presunto delito de «prevaricación» al ascender a fiscal de sala togada a su ex jefa en el Ministerio Público y ex titular de Justicia con el PSOE (2018-2020), Dolores Delgado. Una maniobra que el Tribunal Supremo anuló por «desviación de poder».

En concreto, el Partido Popular sostiene que Alvaro García Ortiz, guiado «a buen seguro, de promesas anteriormente hechas», esto es, devolviéndole el gesto de haber sido nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en el año 2020, propuso a su ex jefa a la condición de fiscal de sala así como su nombramiento como fiscal de sala de la fiscalía togada del Tribunal Supremo, convocatoria que se había gestado cuando Delgado estaba al frente del Ministerio Público (2020-2022). Un nombramiento que García Ortiz propuso, además, en contra del criterio del Consejo Fiscal, recalca el PP, según contenido de la querella al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Asimismo, los populares subrayan que los hechos que motivan esta querella fueron también enjuiciados en una sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo fechada el pasado de 21 de noviembre de 2023, donde el Alto Tribunal concluyó que existió «desviación de poder» por parte de García Ortiz en el ascenso de Delgado a fiscal de sala togada.

Dado que esta sentencia se circunscribe sólo al ámbito contencioso administrativo, en el PP consideran que también puede haber responsabilidad penal en estos hecho, de ahí la querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

A juicio de los populares, el Alto Tribunal podría apreciar, y así se expone en la querella, que la proposición de García Ortiz es «arbitraria y contraria al informe del Consejo Fiscal», revistiendo su actitud apariencia de un «delito de prevaricación», tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

El fiscal general del Estado propuso el ascenso de su antecesora Dolores Delgado, de la que fue su mano derecha, para la máxima categoría de la carrera fiscal en septiembre de 2022. Y lo hizo pese a que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a otro candidato en este caso, al que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, que en noviembre de aquel año presentó recurso ante el Supremo. El pasado 21 de noviembre, el Alto Tribunal estimó en parte dicho recurso y anuló aquel nombramiento.

Posteriormente, el pasado junio, la ex ministra de Justicia fue nombrada fiscal sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, otra designación que recurrieron la Asociación de Fiscales (AFE), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez (uno de los otros tres aspirantes) y sobre la que el Supremo todavía tiene que pronunciarse.

En su querella ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, el PP subraya que de las declaraciones realizadas por el actual fiscal general del Estado «no cabe ninguna duda», pues «él mismo lo reconoció así ante el Consejo Fiscal», que conocía cuando propuso a Delgado para ser fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo que dicho nombramiento «carecía de respaldo legal». «Aunque la designación fue hecha por el Consejo de Ministros, la proposición del señor García tenía carácter decisivo», remarca el querellante.

En este punto, prueba de la la «arbitrariedad» de la decisión de García Ortiz al apartarse del parecer del Consejo Fiscal, fue que «lo hizo sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos argumentos ajenos a la jurisdicción correspondiente, basados exclusivamente en su obstinación personal», destaca el PP.

En este sentido, el Partido Popular recuerda que, tal y como sentenció, el Supremo, la propuesta «se basa en la tergiversación del derecho aplicable y este ha sido remplazado por la voluntad del funcionario».

«Relación de afecto»

Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo advierte de que «no hay que dejar de mencionar que el señor García debía haberse abstenido, ya que como reconoció ante el Consejo Fiscal, le unía a la señora Delgado una relación de afecto, pasión así como que tenía muchas deudas con ella en todos los sentidos».

De este modo, el PP entiende que el ascenso de Delgado por su ex número dos es «un acto susceptible de ser calificado en sí constitutivo de delito de prevaricación».»La proposición tenía como objeto pagar una deuda de gratitud y propiciar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporará a la carrera fiscal en la más elevada categoría aunque no exige previsión legal para ello», remachan los populares.