Sánchez coloca a su ex ministra Delgado en Memoria Democrática con el rechazo del Consejo Fiscal

Pedro Sánchez consuma la cacicada que pergeñó hace un año para colocar a su ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en lo más alto del escalafón y al frente de la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que se dedicará a sancionar y perseguir el incumplimiento de la ley aprobada por el Gobierno de coalición. El brazo ejecutor ha sido el actual fiscal general, Álvaro García, nombrado a propuesta de la propia Delgado como sucesor al frente del Ministerio Público.

Este jueves, el fiscal general ha celebrado un polémico Pleno de urgencia, después de que Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio y antes de que el Gobierno pase a estar en funciones, para otorgar de manera discrecional y sin el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática a Delgado, aunque no sea la más apta de los candidatos para ocupar dicha vacante.

El fiscal general ha nombrado a Delgado al frente de la plaza pese a que la mayoría de los vocales se han negado a votar. De los doce miembros que componen el Consejo Fiscal, seis de ellos pertenecientes a la mayoritaria Asociación de Fiscales se han negado a votar y a deliberar sobre la plaza en señal de clara protesta por las maniobras de García Ortiz. El vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales , Salvador Viada, también ha mostrado también su rechazo a este nombramiento y tampoco ha votado. Delgado sólo ha contado con el apoyo de uno de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales y de cargos que ella misma designó, como la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde; la inspectora jefe de la Fiscalía, María Antonia Sanz; o el del propio Álvaro García. Pese a obtener sólo el apoyo de cuatro miembros frente a ocho, ha sido designada para cubrir la vacante.

Golpe consumado

Así, Sánchez ha conseguido lo que se propuso hace un año. El presidente del Ejecutivo pretendió pagar los favores prestados a la que fuera fiscal general del Estado y ex ministra de su Gobierno, Dolores Delgado, con un cambio en la Ley del Estatuto Fiscal que permitía ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal cuando cesase como responsable del Ministerio Público: fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Con este ascenso, Sánchez podría colocarla más tarde al frente de la Fiscalía creada junto a la nueva ley sanchista de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Para ello, los socialistas propusieron, a través de una enmienda a la Ley Concursal, modificar el apartado seis del artículo 31. Esta burda maniobra fue tan escandalosa que finalmente Sánchez se vio obligado a dar marcha atrás y diseñó otro plan que acaba de consumar.

Delgado eligió sucesor al que fuera su número 2, Álvaro García. La entonces fiscal general abandonó el cargo alegando «problemas de salud». Unos meses después aspiró a la plaza de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo que la colocaría en el escalafón más alto de la Carrera Fiscal. Con la connivencia del fiscal general consiguió dicha vacante, aunque el Alto Tribunal ahora investiga si ese nombramiento discrecional se ajusta a derecho.

Una vez que obtuvo el puesto de fiscal de Sala del Supremo su siguiente propósito era alcanzar la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, de reciente creación, que se encargará de la supresión de las fundaciones que hagan apología del franquismo, la exhumación de víctimas de la dictadura de las fosas comunes con dinero público o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española. Es decir, de sancionar aquellos que no acaten las políticas de Pedro Sánchez recogidas en la denominada ley de Memoria Democrática. Para ello, ha vuelto a contar el apoyo del fiscal general que ha adelantado el Pleno previsto para el 19 de junio y le ha otorgado la vacante pese a no contar con el apoyo de la Carrera Fiscal.