El PP blinda la despolitización del CGPJ en sus contactos con el PSOE tras la crisis del Constitucional

Cerrada la renovación del Tribunal Constitucional, el gran reto es ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que Gobierno y Partido Popular acordaron dejar fuera de las pasadas negociaciones sobre los organismos constitucionales. Conscientes de las dificultades, las posiciones siguen aún encalladas en la búsqueda del desbloqueo, según ambas partes. Los contactos se mantienen, confirman fuentes de toda solvencia, pero el acuerdo aún no es inminente. Eso sí, los populares insisten: no habrá renovación si no se constata la voluntad firme de Pedro Sánchez de aceptar su modelo para que los jueces elijan a los jueces. Esa condición siempre ha sido prioritaria para Génova, pero ahora más si cabe, tras la polémica por el acuerdo para el Tribunal Constitucional. A las críticas de la izquierda al magistrado Enrique Arnaldo -propuesta del PP- se suma que el principal partido de la oposición no ha rebatido la entrada del juez Luis Antonio de Padua Ortiz, abogado de Podemos en los casos Neurona y Niñera, en el Tribunal de Cuentas. Todas estas circunstancias han provocado incomodidad incluso entre los propios cuadros populares, aunque desde Génova defienden que su compromiso es firme para «despolitizar el Poder Judicial».

Así las cosas, los contactos entre ambas partes se mantienen, pero el Gobierno sigue reacio a aceptar sin más la condición inexcusable de Casado que, por otra parte, es la misma que reclama Europa y las propias organizaciones judiciales. El Ejecutivo ha defendido abiertamente que a los jueces «no los pueden» elegir sus pares, un criterio que pone en alerta a Bruselas y que arriesga a España a un próximo aviso público desde la UE.

Aviso de la UE

De hecho, varios hechos confluyen en diciembre que supondrán un elemento de presión para el socialista. Como informó OKDIARIO, por un lado, el día 2 del próximo mes, la Justicia europea dará a conocer el dictamen preliminar sobre los recursos que Hungría y Polonia plantearon contra la nueva normativa que condiciona el desembolso de fondos comunitarios al respeto del Estado de Derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya asestó estos días un nuevo varapalo a Polonia por su falta de independencia judicial y, salvando las distancias, el caso polaco se utiliza frecuentemente como ejemplo de la preocupación que para las instituciones comunitarias supone el bloqueo a la renovación del Poder Judicial en España.»Habla usted de la sentencia de Estrasburgo, ¡pero si dice exactamente que el Poder Judicial tiene que ser elegido por los jueces, al menos la mitad de sus miembros!», le afeó este mismo miércoles Casado a Sánchez desde la tribuna del Congreso, tras presumir el socialista de independencia.

Bruselas mantiene un frente abierto con Polonia por su incumplimiento de la autonomía judicial. Pero también ha avisado a España en repetidas ocasiones. En su segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho, en julio, el Ejecutivo comunitario recordó los sucesivos llamamientos a renovar el CGPJ con la fórmula de que una mayoría de los vocales sean designados por jueces. Es decir, la que exige Casado. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha insistido también en esa línea. Algo que suele recordar el líder de los populares, apremiando al presidente socialista a renovar cuanto antes para dotar de garantías al máximo órgano del Poder Judicial.

En diciembre, además, se celebrará una nueva reunión del Consejo Europeo donde, según fuentes comunitarias, es posible que se produzca un nuevo pronunciamiento acerca de la independencia judicial y los procesos que, como el español, siguen pendientes. Aprovechando la sentencia polaca, todo indica, según las fuentes consultadas, que las autoridades de Bruselas pidan agilizar la renovación bajo los estándares europeos.

Exigencia del PP

El PP no puede arriesgarse a una nueva crisis a cuenta del CGPJ cuando una de sus banderas es precisamente el ataque de Sánchez a la independencia institucional. Las negociaciones son cautelosas. Y la exigencia de Génova, clara: el Gobierno tendrá que apoyar en el Congreso una proposición de ley para que los jueces sean elegidos por sus pares.

A los populares no le valen las promesas verbales. Los sucesivos incumplimientos han generado una falta de confianza hacia el Gobierno.  Por eso, quieren hechos que confirmen que el Ejecutivo está decidido a tirar para delante con el cambio de la ley. En septiembre, el PSOE -cabe recordar- ya votó en contra de la toma de consideración de una iniciativa parlamentaria del PP para modificar el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial. Fuentes de Génova afirman que es indiferente si esa propuesta parte del PP o el PSOE porque el apoyo debe ser explícito en la votación.

En el Gobierno, mientras, presumen de haber «desbloqueado» los órganos constitucionales, pero tuercen el gesto ante la renovación del CGPJ, que el próximo 4 de diciembre cumplirá tres años con el mandato prorrogado. Fuentes socialistas asumen las dificultades, pues el acuerdo les obligaría a dar un giro de 180 grados en el discurso público que han venido manteniendo hasta ahora. «Hace falta reforzar las instituciones en España», no se puede dar «esa imagen de que no se respeta la Justicia», sigue avisando Casado.