Los policías del 21-D exigen a Interior cascos con cámaras para evitar la manipulación del separatismo

Los policías que blindarán Barcelona con motivo de la celebración del Consejo de Ministros del 21-D han solicitado al Ministerio del Interior que les permita utilizar cascos con dispositivo de grabación. La intención es evitar la posible utilización interesada de determinadas acciones por parte de los independentistas.

Según fuentes policiales, a través del medio digital especializado en información profesional del colectivo ‘policiah50.com’, este tipo de dotaciones son «muy efectivas y recomendables para evitar las habituales manipulaciones que se vienen produciendo» por parte de determinados sectores secesionistas, como ya ocurrió, recuerdan, con «la cantidad de bulos que se hicieron virales» tras su actuación -«ordenada por un juez»-durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. «Bulos que fueron distribuidos de forma masiva a través de redes sociales», añaden.

Entonces, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llegó incluso a acusar sin pruebas a los agentes de haber agredido sexualmente a algunas manifestantes.

Los antidisturbios disponen desde 2013 de cascos con cámara de grabación, un dispositivo que resulta útil sobre todo en el caso de manifestaciones susceptibles de derivar en enfrentamientos y en intervenciones de especial tensión. Su principal objetivo es despejar las dudas sobre la actuación de los policías en las grandes concentraciones, y ayudar a identificar a radicales violentos. Ello se añade a las cámaras de mano habituales en los dispositivos de los antidisturbios.

Dispositivo sin ultimar

Según ha podido saber OKDIARIO, Interior no ha ultimado aún la movilización de agentes que se encargarán de garantizar la seguridad el próximo 21 de diciembre.

Aunque las últimas informaciones los cifran en torno a 1.000, fuentes policiales aseguran que se trata de una estimación al alza, y que difícilmente se superarán los 800.

Por ahora no ha sido aún convocada la Unidad Central de Intervención (UCI) de Madrid, ni tampoco la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), encargada del apoyo a los antidisturbios. Ambas unidades se incorporarán previsiblemente al dispositivo en los próximos días.

Aún así, señalan las mismas fuentes, la movilización será inferior a la que se había avanzado: por parte de la Policía calculan que el dispositivo será de unos 400 agentes como máximo -se desplegarán los grupos de La Coruña, Vigo, Sevilla, Valencia, Bilbao y Pamplona- similar a la aportación de la Guardia Civil. A ello se sumarán unos 8.000 mossos, la mitad del cuerpo autonómico.

Ello, en un contexto marcado por la amenaza de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que ya ha organizado distintas acciones de protesta llamando a dar la «batalla» para impedir la celebración del Consejo de Ministros. «Quien no comparta la batalla, compartirá la derrota», escribieron en Twitter, en una cita de Bertold Brecht. En sus escritos instan además a acudir «a primera hora de la mañana» a la Llotja de Mar -lugar en que se celebra el Consejo- bajo el hashtag «tumbemos el régimen». «El 21D seremos… Ingobernables», rezan en uno de sus carteles.

A ellos se suman los GAAR (Grupos Autónomos de Acciones Rápidas), un nuevo grupúsculo, considerado aún más radical, y que planea boicots contra la policía, transportes, el sector energético y las comunicaciones para el próximo 21-D.

Barcelona blindada

Su objetivo es paralizar los grandes ejes de comunicación de Cataluña con el resto de España y  Francia, mediante cortes de carreteras, tren, metro y tranvía, además de actuaciones en zonas industriales y cortes de cableado. En su canal de Telegram -por donde distribuyen las instrucciones- recomiendan crear «cortinas de humo» en distintos lugares para despistar, detallan sus planes de huida y aconsejan actuaciones rápidas para escapar rápidamente y dispersando el grupo en direcciones diferentes.

Por su parte, la ANC ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales a una concentración de vehículos en Barcelona, con la intención de bloquear el tráfico.

Fuentes policiales apuntan a que el principal temor son las actuaciones de estos grupos en puntos estratégicos fuera de Barcelona, ya que la ciudad estará blindada y la disposición de agentes para cubrir otros lugares será mínima.

El Gobierno de Pedro Sánchez eligió el edificio de la Lonja de Mar, la antigua Bolsa de Barcelona, por ser «uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y representativo de la economía y la cultura de Barcelona». Su ubicación, en pleno centro de la Ciudad Condal, exige un esfuerzo adicional para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con cortes de vías y restricciones de movilidad.