Policía y Guardia Civil contra la reforma de la sedición: «Es un ataque a los que nos jugamos la vida el 1-O»

La reforma del delito de sedición que ha anunciado el Gobierno ha irritado a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil, Jupol, Jucil y Jusapol, han lanzado un comunicado criticando esta reforma que creen que alude más a criterios políticos que jurídicos. Las organizaciones sindicales dicen sentirse «desprotegidas» ya que fueron ellos mismos quienes trataron de controlar la consulta ilegal que se produjo el 1 de octubre. «Nuestros compañeros se jugaron su integridad física por tratar de mantener el orden constitucional y la unidad de España», explica el portavoz de Jupol, Pablo Pérez que tilda la reforma del delito de sedición de un ataque a los Policías Nacionales que estuvieron en Cataluña. Pero no es el único, y es que el portavoz de la asociación de guardias civiles, Agustín Leal, también coincide en estas afirmaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido contundente con su intención de reformar el delito de sedición. Los autores del procés independentista fueron declarados culpables de este delito por lo que cualquier reforma del mismo afecta a sus condenas, en especial a la de prófugos de la justicia como el ex presidente de Generalitat, Carles Puigdemont, que no se ha enfrentado a la Justicia y está viviendo una apacible vida en Bélgica. Es por ello que la reforma de este delito tipificado en el Código Penal ha suscitado críticas entre los sindicatos de Policía y de Guardia Civil.

Miles de agentes fueron desplazados a Cataluña parar tratar de mantener el orden constitucional cuando los independentistas realizaron su consulta ilegal. Estos efectivos sufrieron agresiones y momentos de tensión que, en algunas ocasiones, acabaron en partes de lesiones. Los agentes fueron los artífices de que la consulta no saliera adelante. «Hubo agentes que tuvieron que jubilarse por las secuelas del 1-O», explica el portavoz de Jucil, Agustín Leal, en una entrevista con OKDIARIO.

A pesar de estas actuaciones tan duras que tuvieron que acometer los efectivos de Policía y Guardia Civil, el Gobierno ha decidido reformar legalmente uno de los delitos por los que fueron condenados sus autores. En palabras de los representantes policiales se trata de una nueva concesión a los socios independentistas de Pedro Sánchez. «Está vendiendo la seguridad ciudadana a cambio de sillones», explica Agustín Leal a este medio. Y es que los compañeros del sindicato policial también coinciden en estas afirmaciones a pesar de ser organizaciones apolíticas. «Intentan desarmarnos legalmente», lamenta el representante de la asociación de guardias civiles Jucil.