Podemos quiere prohibir que el partido del Gobierno haga preguntas a sus ministros en el Congreso

Podemos, a instancias de los diputados de Izquierda Unida, ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso en la que plantea, entre otras cosas, prohibir que el partido que apoya al Gobierno haga preguntas a los ministros en las sesiones de control, lo que en la jerga parlamentaria se conoce como ‘preguntas florero’.

Unidos Podemos ha presentado esta propuesta como texto alternativo a la reforma del Reglamento auspiciada por el PNV que el Pleno tomó en consideración el pasado mes de marzo y que tiene como objetivo que la Cámara pueda controlar qué hace el Gobierno con los acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley.

Como a los demás grupos, el Reglamento vigente da derecho al grupo mayoritario a un cupo de preguntas en los Plenos de control del Gobierno, una herramienta que tanto el PSOE como el PP aprovechaban para ‘interrogar’ a los miembros de sus propios gobiernos, incluido el presidente, dándoles pie a utilizar la respuesta para ‘vender’ los logros de sus respectivos departamentos y para atacar a la oposición.

Esto fue así hasta 2004, cuando, bajo gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE renunció a preguntar al presidente y limitó al máximo las cuestiones para los distintos responsables ministeriales. Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en 2011 mantuvo la misma costumbre: el presidente no es ‘examinado’ por sus compañeros de bancada y sólo hay preguntas a los ministros esporádicamente, pero siempre lejos del cupo que le corresponde.

Este último miércoles, sólo el vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, preguntó al Gobierno, concretamente a la ministra de Sanidad, que tuvo así la oportunidad de proclamar ante el Pleno del Congreso que los Presupuestos de 2017 son «los más sociales de la historia».

Eliminar interpelaciones y sus mociones

Ahora IU plantea acabar del todo con esta práctica excluyendo del Reglamento la posibilidad de que el grupo que apoya al Gobierno interrogue a sus miembros. Pero no es el único cambio que plantean para las sesiones de control porque también abogan por eliminar
las interpelaciones al Gobierno, los debates entre un grupo y un ministro que dan lugar a una moción posterior y que ahora se utilizan para reprobar al Ejecutivo.

En la misma iniciativa, Unidos Podemos plantea que se prohíba a los diputados leer sus intervenciones y que únicamente puedan servirse de unas notas. Este precepto reglamentario que ya rige en el Senado, pero que no se aplica.

Otra de las propuestas de IU persigue agilizar la tramitación de los proyectos de ley, de manera que el plazo de 15 días que empieza a correr tras su publicación para la presentación de enmiendas sólo pueda prorrogarse «un máximo de dos ocasiones». El objetivo es evitar que, como ocurre ahora, las iniciativas legislativas puedan quedar ‘congeladas’ durante meses sin que se active su tramitación.

Unidos Podemos también pide reformar uno de los artículos que regula la formación de grupos parlamentarios, y, aunque mantiene que no puedan constituirse como tal diputados que pertenezcan a un mismo partido, aboga por eliminar la prohibición que rige para los diputados que «al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado».

Abrir la puerta a grupos territoriales

Esta cláusula es la que se viene aplicando para impedir grupos territoriales de los partidos y en los últimos años se ha argumentado tanto para no dejar que el PSC tenga grupo propio como para negárselo a las confluencias de Unidos Podemos: En Comú y En Marea.

Además, quieren que se puedan formar grupos parlamentarios durante toda la legislatura en lugar de únicamente en los cinco días siguientes a la constitución del Congreso como ocurre ahora.

Por otra parte, reclaman introducir un nuevo capítulo en el Reglamento para abrir el Congreso a los ciudadano de manera que en cada periodo de sesiones se celebren tres audiencias ciudadanas en las que colectivos de la sociedad civil elegidos por sorteo entre los registrados puedan plantear públicamente sus demandas sobre los trabajos legislativos en curso y obtener respuesta por parte de los grupos.

También quieren crear una Comisión de Evaluación de las leyes para que al año y los dos años de la aprobación de cada norma comparezca un miembro del Gobierno para rendir cuentas de su aplicación ante colectivos de la sociedad civil, que podrán preguntar directamente al correspondiente representante gubernamental.

Respecto al contenido concreto de la iniciativa del PNV a la que presentan su enmienda, Unidos Podemos demanda que en el primer mes hábil de cada periodo de sesiones el Gobierno remita a la Cámara un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores.

Ese informe deberá ser presentado ante la Comisión de Reglamento por un representante del Gobierno en la quincena posterior a su entrada en el registro del Congreso.

Sobre ‘loobies’ y agendas públicas

Por otra, parte, Unidos Podemos ha presentado otro texto alternativo a la proposición de ley para regular los ‘lobbies’ que va a tramitar la Cámara a propuesta del PP, en la que aprovecha para aumentar la transparencia de los diputados.

Según su propuesta, éstos deberán publicar sus agendas públicas la página web, especificando con qué ‘lobbistas’ se reúnen, haciendo pública la documentación que reciban y explicando cómo afecta a su trabajo parlamentario. Además, la Mesa del Congreso podrá reducir o congelar las subvenciones recibidas por los grupos parlamentarios cuyos diputados incumplan de forma reiterada estas obligaciones de transparencia.

También reclaman que el registro de ‘lobbies’ en el que habrán de inscribirse los grupos de interés sea de uso público y gratuito y que puedan acogerse a él otros cargos de la administración o de organismos públicos.

El registro estará controlado por un «comisionado independiente» que deberá garantizar la publicidad de las agendas de trabajo de los cargos electos en la web del Congreso.

No podrá elegirse para ese cargo quien en los diez años anteriores hubiese tenido un cargo de elección o designación política en la administración o funciones directivas en partidos o sindicatos, que ejerzan como directivos o asesores en entidades sin ánimo de lucro o se hallen el ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral, o en el ejercicio activo de la carrera judicial o fiscal.

El comisionado se encargará de aplicar un código de conducta que incluye sanciones. Quien lo incumpla verá cancelada su inscripción en el registro y se le prohibirá el acceso a la cámara para hacer lobby durante dos años.