Podemos se jacta en un informe estratégico de incumplir la Constitución con su festival de gasto público

Podemos, el partido que dirige la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se jacta en un informe estratégico de incumplir la Constitución con su festival de gasto público. Así aparece en el documento Brújula para ganar una época elaborado por la formación morada sobre las principales conclusiones de su reciente Universidad de otoño, celebrada entre los pasados 7 y 10 de octubre en Rivas Vaciamadrid. Este informe contienen las principales líneas de actuación de la formación de extrema izquierda de aquí al horizonte 2030.

En dicho texto, remitido a las bases del partido vía email y consultado por OKDIARIO, el partido de Belarra presume de no someterse desde el Gobierno a la reforma de 2011 del artículo 135 de la Constitución. Y lo hace ocultando que la suspensión de la regla de gasto -votada en el Congreso y cuestionada por la posición- se ha fundamentado estos dos años en las excepciones contempladas en la misma reforma («catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria»), en este caso, la crisis del coronavirus

«Es cierto también que de la doctrina TINA (No hay alternativa a la austeridad) en 2008 hemos pasado a que, en 2020, la UE haya destinado más de dos billones de euros a inversión pública contracíclica —empezando a andar el camino hacia una deuda europea mancomunada— o a que, en España, se haya suspendido de facto el infame artículo 135 de la Constitución, permitiendo, por dos veces, los Presupuestos Generales del Estado más expansivos de la historia de nuestro país y dando la razón a los que, en 2014, decíamos que la austeridad era una receta suicida», subraya el documento de Podemos. No obstante, «aunque todo esto haya ocurrido, debemos tener presente que los hombres de negro no están muertos sino escondidos y esperando su oportunidad para volver», añade.

Se da la circunstancia de que Podemos llevó en su programa electoral el compromiso de «derogar las normas mediante las que PP y PSOE han institucionalizado la austeridad y la década perdida en España» (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria). Sin embargo, en el acuerdo de coalición con el PSOE sellado en enero de 2020 se impusieron aquí las tesis socialistas, es decir, la posición encabezada por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, de forma que los dos partidos del Ejecutivo suscribieron una medida clave, el «cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas».

«Desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública», fue la contradicción -respecto a su programa electoral- que cabalgaron los socialcomunistas para investir a Pedro Sánchez y entrar en el Gobierno.

Aumento histórico

Entretanto, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria recoge un aumento histórico de gasto, una orgía de dinero público. El Gobierno de PSOE-Podemos ha aumentado las partidas de prácticamente la totalidad de los ministerios. Entre ellos, sobresalen el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, y que contará el próximo año con 516 millones de euros, un 14,4% más (65 millones más). Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra dispondrá de 4.608 millones, habiendo aquí un incremento de 772 millones (un 20,1%) con respecto a 2021.