Podemos hace el juego a ETA: enmienda los Presupuestos para ceder las prisiones al País Vasco

Podemos ha ido más allá que los nacionalistas del PNV, al menos en la práctica, y ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que transfiera la competencia de Prisiones al País Vasco antes de que acabe el presente año. El partido de Pablo Iglesias lo ha reclamado a través de una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que están ahora mismo en tramitación en el Congreso de los Diputados.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere incluir una disposición adicional en la Ley de Presupuestos donde el Ejecutivo central se comprometa a «realizar las actuaciones necesarias, de acuerdo con el Gobierno vasco, para proceder, antes de finalizar 2018, a la transferencia de las funciones, servicios, instituciones, medios materiales y personales en materia de administración penitenciaria, en cumplimiento del artículo 12.1 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco que establece que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia de legislación penitenciaria».

Esta ansiedad de Podemos por soplar a favor del viento proetarra contrasta incluso con la posición oficial mantenida por el PNV, que ostenta el Gobierno en el País Vasco y que niega haber pactado un futuro traspaso de las prisiones en las conversaciones formales mantenidas con el Ejecutivo central para apoyar los PGE de 2018. El propio portavoz de los nacionalistas en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha presumido estos días de haber arañado al Gobierno una reforma de las pensiones sin condicionar la negociación a una cesión de la Seguridad Social o de la competencia de prisiones. Desde el Gobierno central también han confirmado que tales cuestiones no han sido abordadas con los peneuvistas.

Así, Esteban declaró el pasado jueves en un claro ataque a la formación de Albert Rivera: «No es de extrañar que se les pusieran los dientes largos creyendo que el PNV negociaba la competencia de Seguridad Social o de las prisiones […] Pero ¡menudo chasco! Resulta que los vascos han acordado la subida general de las pensiones, algo que Ciudadanos ni planteó. Adiós al embuste de la insolidaridad», sentenció el dirigente peneuvista. No obstante, tanto la transferencia de Prisiones como el acercamiento de presos etarras a cárceles de País Vasco y Navarra están en la hoja de ruta más inmediata del lehendakari, Íñigo Urkullu.

En la motivación de la citada enmienda, Podemos justifica su presentación en que «el desarrollo del autogobierno exige la culminación de los traspasos de funciones y servicios correspondientes a las competencias del Gobierno vasco, establecidas en el Estatuto de Autonomía». «Se trata de una transferencia largamente reivindicada por las instituciones y la sociedad vasca», sostiene el partido de Pablo Iglesias.

La formación morada ignora aquí, entre otros, a los votantes de PP y Ciudadanos y a las víctimas del terrorismo, que están en contra de esta concesión en la medida que sería privilegiar a los presos de la ETA y blanquear su historia de terror y sangre.

Así mismo, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea dice en la enmienda que «es una cuestión de lealtad institucional que el Gobierno proceda, de acuerdo con el Gobierno vasco y en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias, al traspaso de la gestión de los centros penitenciarios». «Aún hoy, después de treinta y siete años de la aprobación del Estatuto de Autonomía, sus disposiciones no han sido plenamente desplegadas», añade el texto.

«Mejora en la prestación»

Para la formación de Iglesias, concluye la enmienda, «el Gobierno vasco, en desarrollo de las previsiones del Estatuto de Autonomía ha de ejercer la totalidad de la gestión de la actividad penitenciaria en Euskadi», ya que, a su juicio, «la gestión desde la proximidad supondrá una mejora en la prestación, es este caso, de los servicios penitenciarios». El Ejecutivo autonómico de Urkullu ya tiene competencias en materia de sanidad penitenciaria o programas sociales en prisiones.