DEMANDA Nº 917/2019 CONTRA PODEMOS

Podemos denunció ante la UE el intrusismo en la seguridad privada pese a la escolta ‘fake’ de Montero

El partido contrató como escolta a una ayudante de Logística, que ahora demanda a Podemos por la "discriminación" de Irene Montero

Éste es el mail del jefe de seguridad de Podemos avisando a Montero de la situación ilegal de su escolta

Irene Montero escolta
Pablo Iglesias con su escolta.

Podemos denunciaba el intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada, pese a contratar a una trabajadora como escolta personal de Pablo Iglesias, y luego de Irene Montero, sin la titulación requerida y sin seguir los trámites obligados por Ley, según la documentación que  ha revelado en exclusiva OKDIARIO. 

En febrero del año pasado, el partido de Pablo Iglesias llevó ante el Parlamento Europeo las condiciones laborales en el sector de la seguridad privada.

Podemos, según informó la agencia EFE, atribuía la precarización de las condiciones de los vigilantes privados a la reforma laboral impulsada por el Partido Popular, en 2012.

El portavoz del partido en la Eurocámara, Miguel Urbán, criticaba entonces que dicha reforma facilitase la «intrusión de empresas piratas» en el sector. La delegación europea del partido recibió a 18 organizaciones del sector para, anunció, «poner el foco sobre un sector demasiado opaco y acostumbrado a la corrupción».

Entonces, la formación morada criticaba el «hachazo» de la reforma laboral a sus condiciones laborales lo que significaba, denunciaron, «bajadas de salarios tremendas, un descontrol absoluto de regulación en las jornadas, precariedad y facilitación de despidos».

«Clara ilegalidad»

En 2016, Podemos contrató a una trabajadora -que ahora denuncia a la formación por la «discriminación» de Irene Montero– como Ayudante no titulado del Área de Logística del partido. 

Según la demanda, presentada ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid, el motivo de su incorporación a la plantilla era desarrollar funciones propias de una profesional al servicio de la seguridad de los líderes del partido, como «escolta personal en exclusiva» de Pablo Iglesias «tanto de la agenda oficial como de la personal».

Unos meses más tarde de la contratación, el entonces jefe de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes, avisó por escrito, entre otros, a Irene Montero y Pablo Echenique, de la situación de «clara ilegalidad» de, al menos, dos de sus escoltas contratados como empleados del área de Logística y Transporte.  Uno de ellos, según la información que publicó este diario, la empleada que ahora ha demandado al partido.

En un correo remitido a la dirección de Podemos, Illanes avisaba que «dado que las funciones que viene a desempeñar son las de escolta», el hecho de que en los contratos figurase una categoría profesional diferente generaba un «problema legal» grave.

Podemos denunció ante la UE el intrusismo en la seguridad privada pese a la escolta ‘fake’ de Montero

Según la documentación que aportó OKDIARIO, la empleada no disponía de los requisitos legales necesarios para ser contratada por Podemos como escolta en el momento en que firmó el contrato laboral. Tras obtener la acreditación correspondiente, tampoco se modificó su situación laboral.

La normativa del sector, sin embargo, exige que los profesionales de la seguridad privada presten servicio a través de empresas autorizadas por Interior.

Por esa circunstancia, la Policía investiga ahora de oficio si Podemos siguió los trámites que dicta la Ley en la contratación de la escolta, que trabajó para Iglesias, Irene Montero y Gloria Elizo hasta su despido, sin previo aviso, en junio de este año.

La Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) ha puesto estos hechos en conocimiento de la Dirección General de la Policía Nacional.

La asociación ha advertido de que «la contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014″ y  destaca la «especial gravedad» que “este tipo de comportamiento” se dé «por parte de miembros del legislativo».

La legislación prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones, estando previstas para estos casos sanciones de hasta 600.000 euros.

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