El plan del separatismo pasaba por «querer hacer, saber hacer y poder hacer» tras el 1-O

Sin perder de vista la violencia necesaria para que concurra el delito de rebelión, la Fiscalía avanza en los interrogatorios a sus testigos abundando en la demostración del resto de los elementos del tipo penal: alzamiento público y tumultuario que permita, fuera de las vías legales y al margen de las resoluciones judiciales, la declaración de independencia de una parte del territorio nacional.  Y para ello se apoyan en los investigadores de la policía judicial.

Acreditar que la ‘hoja de ruta’ del separatismo en Cataluña, aunque secreta, estaban perfectamente definida ha sido misión encomendada -durante la trigésimo primera sesión del juicio al procés- a un guardia civil, el segundo del comandante Daniel Baena, encargado de identificar y conectar entre sí los diferentes actos preparatorios diseñados para el 1-O. «Había una estrategia para la celebración de un referéndum que se tenía que ser sí o sí porque era el paso previo imprescindible para lo que vendría después» y no era esto otra cosa que la Declaración Unilateral de Independencia.

Hasta 21 informes y atestados, elaborados en base a las pesquisas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, arropan la tesis de la Fiscalía. Existió un plan, previamente concertado entre Govern y organizaciones civiles, léase ANC y Òmnium Cultural, para materializar la desconexión territorial y política de una parte del Estado español.

Y «cuando uno quiere llevar a efecto un plan», declara el comandante de la Guardia Civil en la Sala, «es necesario contar con tres pilares: querer hacerlo, saber hacerlo y poder hacerlo». Voluntad confirmada a partir del discurso de los propios acusados y del independentismo catalán, en general, «dar respuesta política al mandato del pueblo». Conocimiento previo adquirido en la práctica de una actividad institucional puesta a su servicio. Poder habilitado con legislación específica ya que «el señor José María Jové, a quien se le confirió la potestad del desarrollo logístico, contó para ello con dos decretos aprobados previamente». 

El número dos de la investigación policial del 1-O analiza el contenido de dos documentos básicos para entender el procés y neurálgicos para el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.

‘Enfocats’ recogía ideas estratégicas para la futura república independiente. Hasta 52 decretos leyes sobre la implantación de la república «que tendrían que entrar en vigor el 2 de octubre», un día después del referéndum; así como menciones al «control del territorio», en las que se hablaba de la «necesidad de implementar un Ejército del Estado catalán», o al menos tener «una parte militar»; y, de la «presión del Estado» como «vector de influencia en todo el proceso».

‘Moleskine’, la agenda incautada en el registro del domicilio particular de José María Jové, mano derecha del entonces vicepresidente Oriol Junqueras, contenía anotaciones de carácter «ejecutivo», con «nombres, personas, cometidos y finalidades», perfectamente atribuidas. Entre ellas, las que ubican a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en la denominada «reunión del último intento», un encuentro clave para los investigadores, que se celebró -tres días antes de la investidura de Carles Puigdemont- en la sede de la ANC para definir quién iba a asumir la Presidencia de la Generalitat y cómo se distribuirían las Consejerías, en el reparto político entre ERC y JxSí. En todo momento se «hablaba de que la única opción era tomar la vía de la unilateralidad».

De la misma se desprende el «papel fundamental» de las organizaciones civiles en el procés como activos «muy potentes en el campo social». No será la única ocasión en la que se evidencie la conexión entre el Govern, la Mesa del Parlament y las organizaciones civiles, que «convergían en algunos de sus fines» para los que, según el comandante del Instituto Armado, la expresidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, ostentaba un papel relevante como «canal para la tramitación de las leyes».

Organización Criminal: «Agrupación de más de dos personas que con carácter estable y de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de delinquir». 

También era el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, pieza «imprescindible» para la Generalitat en su «estrategia independentista». Así lo confirma el comandante de la Guardia Civil tras referirse al borrador de una carta en que el expresidente Carles Puigdemont le agradecía al mayor su actuación al frente de la policía autonómica durante el 1-O. Además, entre los correos intervenidos a la cúpula de Interior, sus investigadores localizaron uno en el que el ex secretario general César Puig -para quien la Fiscalía pide 11 años por rebelión en el juicio que tiene pendiente en la Audiencia Nacional- advertía al exconsejero Joaquim Forn de la importancia de proteger a Trapero para no «perderlo».

Puig le envió un mail a Forn, el 27 de septiembre de 2017, donde le avisaba de que si Trapero estaba presente en las reuniones con el fiscal superior de Cataluña, previstas para impedir la celebración del 1-O, el mayor debía asegurar que obedecerían las órdenes contenidas en sus instrucciones. Pero que en aquellas en que el fiscal no estuviese presente, pero sí el coordinador del dispositivo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, se corría el riesgo de que si Trapero no colaboraba se arriesgaban a que De los Cobos le denunciara.

A partir de entonces, se toma la decisión de que sea el número 2 de Trapero, Ferran López, quien acuda a las reuniones de coordinación. Reservando al mayor para actuar, en exclusiva, como interlocutor de los Mossos con el fiscal. Trapero sería el encargado de remitir a la cúpula política de Interior el contenido de todas las instrucciones dictadas desde Fiscalía para impedir el referéndum, incluso las que debían ser secretas, confirma el comandante ante el tribunal. «Lo que es extraño y supone una anomalía», ya que daba cuenta al poder político de información que obtenía como policía judicial.