Sánchez suma en dos años más decretos-leyes que Zapatero y González juntos en el mismo tiempo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un uso abusivo del decreto-ley en sus dos primeros años en La Moncloa. El cesarismo del dirigente socialista le ha llevado a aprobar entre junio de 2018 y junio de 2020 un total de 62 decretos-leyes, una cifra superior a los 54 que suman en el mismo periodo de tiempo los ex presidentes socialistas Felipe González (23) y José Luis Rodríguez Zapatero (31).

El primero de ellos recurrió entre 1982 y 1984 a 23 de estas disposiciones legislativas especiales, reservadas para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Por su parte, Rodríguez Zapatero, que mantiene estrecha relación con Podemos, los socios del PSOE en el Ejecutivo, hizo lo propio en 31 ocasiones. En el caso de Mariano Rajoy (PP), antecesor de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, su administración dictó 42 decretos-leyes entre 2011 y 2013.

El actual inquilino de La Moncloa supera también al resto de presidentes: Adolfo Suárez González aprobó 41 de estas normas entre 1979-1981, Leopoldo Calvo-Sotelo firmó 37 entre 1981 y 1982, y José María Aznar, 44 entre 1996 y 1998.

Así lo recoge el grupo parlamentario de Vox en una proposición no de ley registrada en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a «desistir de la utilización abusiva» de este instrumento constitucional» y «devolver al Decreto-ley su función originaria en el ordenamiento jurídico español, esto es, una norma con rango legal emanada del poder ejecutivo únicamente en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad».

Si se mantiene esta tendencia en el tiempo, todo apunta a que Pedro Sánchez batirá dentro de poco tiempo el récord el ex presidente Felipe González Márquez, que dictó 129 decretos-leyes en sus cerca de 14 años de mandato.

La dirección parlamentaria de Vox critica, además, las consecuencias de un uso tan frecuente y perverso del decreto-ley, como son la «interrupción de la labor legislativa cotidiana del Congreso al tener que convalidarlo en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, lo que obliga a la Cámara Baja a reordenar sus trabajos; la inseguridad jurídica, dependiendo del objeto; los reducidos tiempos con los que cuentan los grupos parlamentarios para estudiar y profundizar en su contenido; así como la generación de dudas y desconfianza sobre la calidad democrática de nuestro Estado de derecho al recurrir de forma ordinaria a un mecanismo extraordinario».

«Técnica antidemocrática»

Se da la circunstancia de que el cómputo de los dos primeros años, entre junio de 2018 y junio de 2020, abarca un espacio de tiempo en el que apenas cuatro meses coinciden con la pandemia de coronavirus, cuya excepcionalidad es esgrimida por los socialistas para justificar su extralimitación en el uso de este figura jurídica. La iniciativa de Vox también subraya que desde la moción de censura contra Mariano Rajoy y hasta el pasado noviembre, los gobiernos de Pedro Sánchez han aprobado la «friolera» de 77 decretos-leyes: 2018 (25), 2019 (18) y 2020 (34).

La formación de Santiago Abascal señala en esta proposición, consultada por OKDIARIO, que resulta «fundamental para la calidad de la democracia en España que el Poder Legislativo se pronuncie en contra de esta pésima y antidemocrática técnica legislativa que subvierte la Constitución y vacía las competencias del Poder Legislativo y que no es sino la plasmación de la absorción del Legislativo por el Ejecutivo».

A juicio de Vox, «el legislador de urgencia, esto es, el Ejecutivo en el ejercicio de su potestad para dictar decretos-leyes, no puede convertirse en legislador ordinario, no solo por la prohibición impuesta por la Constitución, sino por el principio constitucional de que la potestad legislativa reside en las Cortes Generales». «La legitimidad democrática de la ley se basa no solo en la mayoría que la aprueba, sino también en el procedimiento parlamentario para su elaboración, mediante el debate público y plural», subraya la tercera fuerza del país.

Iglesias y el CNI

En la exposición de motivos de la PNL, también se alude como «el summun de la perversión de este instrumento jurídico» al caso de un real decreto-ley de medidas sociales y económicas frente al coronavirus que fue utilizado por el Ejecutivo socialcomunista para reformar la ley del CNI e «incorporar subrepticiamente» en la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ya que sólo era posible nombrar a un vicepresidente, en este caso, Carmen Calvo.

Para la formación de Abascal, los gobiernos en España «están consolidando este método legislativo como si de un sistema ordinario se tratase». Así, considera que «una nación que se precie no puede tolerar una anormalidad institucional implantada en su Estado de derecho a causa de la mala praxis de los Gobiernos». «Si este Congreso de los Diputados no se pronuncia de forma expresa contra esta práctica se convertiría en cómplice de los Ejecutivos en su ejercicio fraudulento de los mecanismos constitucionales del Estado», remacha esta iniciativa, que todavía debe ser debatida y votada en la Cámara baja.