Sánchez esgrimirá “motivos de seguridad” en la ley que vetará la inhumación de Franco en La Almudena

Francisco Franco
Los Franco desmontan en su escrito de alegaciones finales el riesgo para la seguridad de inhumar a Franco en La Almudena

Pedro Sánchez no desiste de su empeño de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y de no permitir que acaben donde quiera la familia: en la Almudena. El argumento esgrimido será la defensa de la seguridad en el área y cercanías de la catedral. Y el instrumento, una ley que impida la inhumación por ese motivo en la cripta que tiene en posesión la familia del dictador.

La ley que pretende impulsar Sánchez se apoyará de este modo en el informe de la delegación de Gobierno de Madrid, un documento que concluye que los restos de Franco no pueden acabar en la cripta de la catedral de La Almudena por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores.

El argumentario se apoyará, además, en parte de los propios motivos esgrimidos por la Iglesia para asumir el deseo de los Franco de enterrar a su abuelo en la cripta que tienen en propiedad: y es que las propias limitaciones legales a operar dentro de la Iglesia suponen un impedimento para que la Policía pueda actuar en caso de producirse los disturbios o atentado citados.

Lo cierto, de todos modos, es que esta ley planteará toda una serie de cuestiones jurídicas relevantes. La primera es el hecho de que, por mucho que se plantee como una norma de aplicación general, toda España sabe a estas alturas que el único motivo para impulsarla es un caso particular: el de la tumba del dictador y el deseo de su familia de llevarlo donde le plazca. Y las leyes, por definición, tienen que ser de aplicación general; no pueden estar teledirigidas a casos individuales.

Pero, además, en el fondo, esta ley demuestra que el Gobierno está teniendo que alterar la estructura legal para poder sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, algo que demuestra que su propósito inicial chocaba frontalmente con la ley existente aún hoy en día.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, dejó constancia de las continuas meteduras pata del Gobierno con este asunto con su viaje a Roma para tratar el asunto en el Vaticano con Pietro Parolin, mano derecha del Papa. Calvo aseguró que contaba con el respaldo de la Iglesia para trasladar el cuerpo e imponer limitaciones políticas al destino del dictador y logró uno de los pocos desmentidos oficiales que se recuerdan del Vaticano.

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