Moncloa ofrecerá a ERC un Estatut similar al que tumbó el Constitucional con Cataluña como nación

La premisa base de la negociación de apoyos con ERC por parte de Pedro Sánchez está sentada: el PSOE ha ganado escaños, ahora tiene más peso, y quiere convencer a los independentistas de que la vía correcta no es el referéndum unilateral, ni la insistencia en un nuevo golpe separatista, sino la ganancia de autogobierno en base a un nuevo Estatuto Catalán. Eso sí, un Estatut donde, bajo la apariencia de que no se desafía la Constitución, se avance realmente por derroteros, hoy por hoy, tumbados por el propio Tribunal Constitucional. Ese Estatuto -que además iría de la mano del vasco- incluiría por supuesto el término «nación» para referirse a Cataluña.

Pedro Sánchez quiere convertir a ERC en su ‘PNV catalán’: un socio estable con el construir alianzas y evitar la vuelta a las tensiones golpistas. Y, con este fin, el PSOE está dispuesto a recuperar el texto literal del Estatuto Catalán impulsado por el Tripartito, el mismo texto que el Constitucional tuvo que tumbar en parte por sus violaciones de la legalidad. Los socialistas consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional declaró determinadas cuestiones como inconstitucionales por cuestiones legales más de forma que de fondo. En consecuencia, afirman que en este ámbito existe margen de actuación para impulsar un desarrollo normativo –que incluye la reforma de normas de ámbito estatal ya existentes o, en su caso, la aprobación de algunas nuevas– que profundicen en el autogobierno de Cataluña.

Más transferencias

Esas nuevas cesiones incluyen el término “nación” para referirse a Cataluña; la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular un Consejo de Justicia de Cataluña configurado como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial; y hasta reconocer la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia.

Además, Sánchez se plantea la presentación de una proposición de ley en las Cortes Generales que contemple la necesidad de un acuerdo previo con los gobiernos autonómicos, para asegurar las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales; la culminación del traspaso de las transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas.

Los temas principales sería salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ejecución de la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales; y, por si fuera poco, la modificación de las normas necesarias para reforzar la ya prevista participación de la administración catalana en materia de inmigración.

Y todo ello como pago a cambio de un acuerdo estable que, creen los socialistas, que podrá evitar, o al menos dilatar el próximo jaque separatista.

La tesis de Sánchez es que ERC se ha dulcificado; que se ha dado cuenta de que le está marchando bien electoralmente el supuesto abandono por parte de los republicanos de los postulados más radicales. Unas tesis que chocan con la evidencia de que el golpe separatista fue construido y liderado en primer plano por ERC, tal y como revela la instrucción judicial finalizada sobre el 1-O.

Pero eso para Sánchez es lo de menos: él quiere contar con el respaldo de facto de ERC y está dispuesto a llegar hasta un Estatuto de Autonomía que recupere los puntos tumbados por el Constitucional.