Sánchez prometió a Torra un referéndum sobre el Estatut que tumbó el Constitucional

El plan de cesión de Pedro Sánchez ante Quim Torra está en la mesa. El documento base ya ha sido elaborado y cuenta tanto con el visto bueno del PSOE como del PSC, que es el interlocutor directo con los partidos separatistas. El esquema apunta a un doble referéndum pero sobre textos distintos: toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas. Y, más tarde, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado dentro de los márgenes de interpretación constitucional.

La reforma previa constitucional está pensada de este modo para dar cabida a un mayor grado de cesión de competencias y parcelas de poder a la Generalitat. La segunda fase se deberá celebrar en territorio catalán y por medio de un referéndum que dé cobertura legal a un nuevo Estatuto de Autonomía en el que se recuperen todos los puntos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional en la época de Zapatero.

Ese es el plan. Complejo y de dilatada materialización. Abocado a no contentar a los separatistas -inmersos ya en el golpismo más puro-, pero que ha sido elaborado por el Ejecutivo con el objetivo de llegar al máximo posible de cesión ante los golpistas que puede permitir la barrera de la Constitución. Tanto que, de hecho, se ha planteado una reforma previa ad hoc de la Carta Magna para ensanchar ese margen de sumisión y no caer en inconstitucionalidad.

Doble votación

El texto de las premisas bases está ya en poder de los socialistas catalanes y recoge un poder para sancionar de nuevo todos los acuerdos por medio del voto. “No habrá solución legítima ni estable que no sea sometida al voto de toda la ciudadanía”, señala el documento. Y para ello, “defendemos una doble votación: primero, la nueva Constitución federal acordada deberá ser votada por todos los ciudadanos y las ciudadanas de España; y segundo, los catalanes y las catalanas votaremos sobre el nuevo Estatuto federal, que mejorará y ampliará nuestro autogobierno dentro de un nuevo marco constitucional federal”.

De este modo, y en dos fases, se daría una apariencia de votación tanto por toda España como sólo por Cataluña, pero con un truco intermedio: que todos los españoles votarían una reforma ad hoc de la Constitución y luego sólo los catalanes harían lo propio sobre el Estatuto.

La reforma previa constitucional, por su parte, abriría el melón al famoso esquema “de un Estado plenamente federal, democrático y social, garantizando mecanismos de participación de los entes federados en la formación de la voluntad común del Estado” y, por supuesto, incluyendo ya “el reconocimiento de la identidad nacional catalana; delimitando con precisión los espacios competenciales; reformando profundamente las instituciones, incluyendo la creación de un Senado federal con competencia exclusiva sobre las leyes de cooperación horizontal; garantizando los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas públicas (Pacto Fiscal Federal); consolidando y ampliando las conquistas sociales en la Constitución federal, para garantizar el carácter social del Estado, así como profundizando en su carácter democrático”.

Concierto económico a la vasca

En esa reforma se incluiría, por lo tanto, el posible avance hacia un sistema de concierto económico en Cataluña bajo la forma de un pacto fiscal -similar al vasco-.

Todo ello, se realizaría, además, profundizando en el concepto de “España nación de naciones”. Porque el documento del PSC reciben elaborado y en el que se recogen los objetivos políticos de los socialistas de cara a 2019 señala por otro lado que “la realidad es que Cataluña es una nación plural y diversa y España una nación de naciones”.

Semejante afirmación devuelve oficialmente a los socialistas de Sánchez al momento de máxima cesión frente al independentismo visto a lo largo de su carrera política.

Para ellos, “España integra un conjunto de pueblos con singularidad propia, pero con vínculos sociales, culturales y políticos que los han mantenido unidos. […] Es por ello que, como siempre hemos defendido, el hecho de reconocer Cataluña como nación y España como un estado plurinacional, no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos distintos de los del resto de españoles”. El documento lanza esta afirmación pero pasa de puntillas para no explicarla.

Esa reforma constitucional dejaría abierta la puerta de par en par a múltiples cuestiones tumbadas en su momento por el Tribunal Constitucional por su evidente ilegalidad tras ser tramitadas en el Estatuto de Zapatero. Entre esas materias se encontraba el fraccionamiento del Consejo General del Poder Judicial nacional para dar cabida a uno catalán, la práctica eliminación de la aportación de Cataluña al sistema de solidaridad de los territorios españoles con menor riqueza, o la capacidad de decisión absoluta de la Generalitat para fijar el régimen penitenciario de, entre otros, los que sean condenados por el golpe del 1-O. Y todo ello volvería avalado ya, sólo, por una votación de los habitantes catalanes.