Sánchez diseña las nuevas cesiones a los golpistas: Poder Judicial, inmigración y protección civil

Pedro Sánchez quiere lograr como sea el respaldo de los separatistas para poder continuar en el poder. Y el orden de los nuevos traspasos de competencias a la Generalitat para contentar a los hombres de Torra, Puigdemont o Junqueras ya está definido. Entre esas nuevas cesiones se encuentra el fraccionamiento del Poder Judicial, el control de las funciones de protección civil y la “participación” en la gestión de la inmigración.

Hay que recordar que la Justicia es básica para los golpistas porque les permitiría controlar posteriores procesos judiciales relacionados con el separatismo; la protección civil es clave por motivos obvios; y la inmigración ha sido ya utilizada por CiU en el pasado para introducir inmigrantes no hispanohablantes y marginar de esa manera el uso del castellano en Cataluña.

El plan pasa por dar estas competencias a la Generalitat que, tal y como ya ha publicado OKDIARIO, sería necesaria una primera reforma de la Constitución y su sometimiento a referéndum en toda España para poder ampliar la capacidad de cesión de cuotas de poder a los separatistas. Y es que los traspasos y sumisión que plantea Sánchez no caben en el actual marco constitucional.

Los socialistas han recuperado con este fin un viejo texto: el elaborado en julio de 2017 y conocido como Declaración de Barcelona. Aunque, tan sólo con un pequeño cambio: y es que en aquella época, cuando se redactó originalmente, era el voluntarista plan de un PSOE sin poder real; y hoy es el plan de acción de un presidente del Gobierno atrapado y dispuesto a entregar lo que sea con tal de seguir en La Moncloa.

Declaración de Barcelona

Los socialistas han incluido esta Declaración como explicación detallada dentro del plan oficial de acción elaborado por el PSC para 2019: el mismo plan que conforma la hoja de ruta de negociación con los separatistas. Y allí se destaca que tras “la Sentencia del Tribunal Constitucional, existen cuestiones en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron declaradas inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo. En consecuencia, en este ámbito existe margen de actuación para impulsar un desarrollo normativo –que incluye la reforma de normas de ámbito estatal ya existentes o, en su caso, la aprobación de algunas nuevas– que profundicen en el autogobierno de Cataluña”.

Y esas nuevas cesiones abren el siguiente plan de acción: «En este sentido, vamos a impulsar: La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial”. Es decir, que el Poder Judicial catalán sería autónomo del nacional: algo que dejaría manos libres al Ejecutivo de Torra para manosear las futuras decisiones sobre procesos relacionados con el separatismo.

Otro de los puntos de cesión sería “la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el Partido Popular y la aprobación de una nueva normativa para las entidades locales, que garantice plenamente la autonomía local y su suficiencia financiera”: en resumen, gastar sin medida ni control del déficit, teniendo en cuenta que, pese a esa eliminación de topes, los ayuntamientos catalanes seguirían respaldados por los sistemas de rescate financiero nacionales.

Veguerías

También se prevé reconocer “la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia y que ajuste la delimitación provincial a las veguerías proyectadas tal y como recoge su Estatuto”. “En este ámbito también defendemos la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales y, en su caso, la LOFCA y la Ley General Tributaria para reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales”, añade.

Además, se plantea “la presentación de una proposición de ley en las Cortes Generales que contemple la necesidad de un acuerdo previo con los gobiernos autonómicos para las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales” y la “culminación del traspaso de las transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas en temas tales como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ejecución de la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales”.

Y, por si fuera poco, “la modificación de las normas necesarias para reforzar la ya prevista participación de la administración catalana en materia de inmigración”. Todo ello, teniendo en cuenta que los separatistas ya han privilegiado la inmigración no hispanohablante para poder implantar en los inmigrantes el catalán y marginar el castellano.